El pasado 25 de octubre se cumplió un año del paso de “Otis”, huracán que afectó gravemente al estado de Guerrero, en específico, a las y los habitantes de Acapulco, ocasionando pérdidas humanas y daños severos en este icónico destino turístico y en la región costera en general.
Si bien las cifras oficiales afirman que este huracán ocasionó 52 muertes y 30 desapariciones, reportajes especializados han puesto en evidencia las irregularidades en los registros funerarios así como en la falta de transparencia sobre el número total de víctimas. Además de las lamentables pérdidas humanas, sólo en Acapulco Otis afectó a más de 16 mil pequeños negocios, al 80% de los hoteles, a más de 12 mil turistas y ocasionó un daño material calculado entre 15 mil y 16 mil millones de dólares.
Ante un evento así, y ante cualquier desastre ambiental, la transparencia resulta fundamental para conocer los programas y recursos (tanto económicos como humanos) para aminorar los daños e implementar la reconstrucción. El derecho de acceso a la información, tutelado a nivel federal por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), permite a la ciudadanía conocer que las acciones gubernamentales y los recursos públicos son usados de manera eficaz y eficiente a favor de las personas afectadas.
En la última sesión de Pleno del INAI resolví un caso sobre este tema. A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una persona solicitó al Banco del Bienestar toda la información referente a los daños que sufrieron sus sucursales por el paso del huracán Otis y la tormenta Alberto (sucedida en junio de 2024 que impactó en el noreste mexicano). Cabe señalar que estas sucursales deben contar con una póliza de seguro que cubra cualquier reparación por daño de robo o ante fenómenos naturales.
No obstante, a pesar de la evidencia de las afectaciones, el Banco del Bienestar afirmó que no tenía la información. Por ello en el INAI decidimos revocar esta respuesta e instruir a que busque de nuevo en sus archivos y entregue lo solicitado. No olvidemos que las y los mexicanos tenemos derecho a conocer cómo las autoridades administran los recursos públicos.
El Banco del Bienestar, como autoridad encargada de la operación de sucursales y de la erogación del dinero para programas sociales, tiene la obligación de rendir cuentas claras. Si existe un registro de montos y número de sucursales dañadas, la sociedad debe tener acceso a las estadísticas.
Asimismo, algunas notas periodísticas destacan cómo la reactivación de las sucursales del Banco del Bienestar en Acapulco fue clave para recuperar paulatinamente la actividad económica de la ciudad. Ante la escasez de luz o internet, las personas pudieron recibir transferencias, remesas o realizar recargas para sus celulares.
Tomando en cuenta lo anterior, es legítima la duda sobre cómo una institución de tal magnitud contabilizó y destinó recursos públicos para poner en marcha de nueva cuenta sus sucursales dañadas. Cualquier plan de rescate debe partir de un buen diagnóstico. Sin embargo, ante la falta de información por parte del Banco del Bienestar no hay certidumbre para la sociedad sobre las decisiones y uso de recursos ante los daños a sus instalaciones.
Confiamos en que este gobierno que recién comienza participe bajo un enfoque de apertura de información que apoye al empoderamiento social. Nosotros en el INAI, seguiremos trabajando para que así sea.
