Cuando se está en juicios laborales, las personas deben saber que una de las vías para tener información a su favor es acceder a sus datos personales, para, por ejemplo, hacer cumplir un laudo, es decir, una determinación de un juez a favor de un trabajador.
En la más reciente sesión del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) decidí apoyar con mi resolución un asunto donde el acceso a datos personales abriría la puerta a una mejor calidad de vida.
Me refiero al caso de un extrabajador de la Secretaría de Bienestar que, después de 4 años de espera, recurrió a la Plataforma Nacional de Transparencia para obtener documentos necesarios para gestionar su pensión ante el ISSSTE. El proceso involucraba la solicitud de acceso a datos personales relacionados con su historial laboral y el cumplimiento a lo dictado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje respecto a un laudo que respalda su reincorporación y el pago de salarios atrasados.
El derecho a la protección de datos personales permite a cualquier persona acceder a información relevante para su situación laboral, y para este caso en específico permitiría garantizar el cumplimiento de una resolución judicial. Este derecho no solo respalda la privacidad, sino que también garantiza que las instituciones cumplan con su responsabilidad de proporcionar documentos que podrían determinar el bienestar futuro de los trabajadores, tal como el nombre de la propia Secretaría lo enuncia.
Este es un ejemplo concreto de cómo la protección de datos y la transparencia, derechos que tutelamos en el INAI, pueden apoyar a personas en situaciones de vulnerabilidad. Un grupo con el cual tenemos mucho contacto —ya sea en el Centro de Atención a la Sociedad (CAS) o en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)— son las personas mayores que necesitan tramitar su jubilación. En el INAI, con gusto les brindaremos apoyo personalizado ya sea vía telefónica, por Whatsapp, por correo o presencialmente para guiarlos en el aprovechamiento del derecho a la protección de datos personales.
Las estadísticas nos ayudan a medir mejor el impacto de las decisiones. En 2020, la población de 65 años equivalía a 9.7 millones de personas, es decir el 7.7% de la población total (INEGI). Sin embargo, las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) indican que para 2050 se espera que haya 24.9 millones personas con 65 años o más que constituiría el 16.5% de la población total.
Esto implica más del doble de la proporción registrada en 2020 en un lapso de apenas 30 años. Así pues vemos que estos casos pueden ser más frecuentes y que es necesario contar con herramientas para solucionarlo.
Y debido a que esta queja fue dirigida a la Secretaría de Bienestar podemos recordar que dicha dependencia se encarga de brindar pensiones a adultos mayores en todo el país. Para 2025, el titular del Ejecutivo propuso otro aumento a las pensiones para llegar a un presupuesto de 482 mil millones de pesos. Recordemos que este año se aumentó en 25% respecto al año previo, por lo cual se reciben 6 mil pesos bimestrales. De este modo está entre las dependencias con mayor monto económico a administrar y número de personal.
En resumen, el derecho a la protección de datos personales no solo protege nuestra privacidad, sino que puede ser un salvavidas en momentos críticos, como en el proceso para acceder a una pensión.
Aquí está la trascendencia del INAI en su aportación a generar valor social y cambiar vidas. La transparencia, facilitada por el acceso a estos datos, es esencial para garantizar la justicia y el bienestar de quienes han dedicado su vida al servicio público.
@JulietDelrio
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