Es ampliamente conocida la situación de las y los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en nuestro país pues sufren de manera sistemática diversas violaciones a sus derechos humanos en su travesía rumbo a Estados Unidos. Ante esta realidad, es crucial contar con información detallada y accesible sobre los delitos y abusos cometidos contra ellas y ellos.
La protección de los derechos humanos es una de las principales responsabilidades del Estado. Así lo reconoce el artículo primero de nuestra Constitución Política que plasma las garantías que deben existir para estos derechos. Estas acciones incluyen particularmente a grupos en situación de vulnerabilidad en México.
Y justo hablando de este tema, la semana pasada resolví un recurso de revisión en el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se solicitó que la Secretaría de Gobernación proporcionara datos específicos y desglosados sobre estos incidentes desde el primero de enero de 2024 a la fecha.
Esto incluye detalles como el tipo de delito, lugar, fecha, hora y características de las víctimas, tales como raza, identidad de género, etnia, sexo, nacionalidad, discapacidad, pertenencia a algún pueblo indígena, situación migratoria, condición social y rango de edad.
Esta solicitud subraya la necesidad de transparencia de la información pública y de datos estadísticos para mejorar la protección de derechos. A pesar de que ya existen datos disponibles en las plataformas de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, la información no está completamente actualizada ni abarca todos los delitos registrados. Es imperativo que las autoridades verifiquen sus bases de datos y proporcionen la información requerida en un formato abierto.
Para estos casos sensibles también es importante recordar que hablamos de vidas humanas. Por ello, es necesario proteger cualquier dato personal que pueda comprometer la privacidad de las víctimas.
Las autoridades como SEGOB deben respetar lo establecido en las leyes generales —tanto de transparencia como de datos personales— y así se garantizará que la información no sea considerada confidencial o reservada para una respuesta efectiva a las violaciones que sufren las y los migrantes en México.
Es importante contar con instituciones como el INAI para mejorar los vacíos de información que, con o sin intención, dejan las instituciones públicas al cumplir con sus labores. Estos vacíos dejan desprotegidos a sectores vulnerables que tienen que recurrir a estrategias y recursos como la PNT para garantizar sus derechos.
Mientras haya INAI, la sociedad puede sentirse respaldada.
@JulietDelrio
