La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los principales programas sociales de la actual administración. Orientado a un sector de la población en situación de vulnerabilidad, se pretende mejorar la calidad de vida de las personas mayores a 65 años con un apoyo económico, el cual posibilite el acceso a la protección social.
El interés de la ciudadanía por conocer información relacionada con este y otros programas de asistencia ha sido una constante. Recordemos que, a partir de 2020, los programas sociales son derechos consignados en el artículo 4º de la Constitución. En política social, el eje de la actual administración ha sido la entrega de beneficios sin intermediarios. Si se desea cumplir a cabalidad esta promesa, la transparencia y la rendición de cuentas deben acompañar estas políticas públicas.
El pasado 26 de junio, en sesión de Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), resolví un recurso en contra de la Secretaría de Bienestar. Una persona solicitó a la dependencia toda la documentación sobre la omisión de pago de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, del cual es beneficiario.
Dado que la Secretaría no se pronunció al respecto, la persona interpuso un recurso de revisión (queja) en el INAI. Después de un análisis hecho por la Ponencia a mi cargo en el Instituto, revocamos la respuesta de la autoridad e instruimos a que realice una nueva búsqueda para que entregue la información requerida.
Este caso fue particular pues ingresó al Instituto como un recurso de acceso a la información; sin embargo, al analizar el expediente decidimos reconducirlo por la vía de datos personales. Esta modificación representa un beneficio para ejercer el derecho de la persona solicitante pues, al acreditarse como titular de la información requerida, podrá obtenerla de manera íntegra.
De acuerdo con datos de diversos medios de comunicación, el actual gobierno federal ha registrado un incremento en el gasto de las Pensiones para el Bienestar. En 2019, esta pensión, y la destinada para personas con discapacidad, representaron un gasto de 151 mil 736 millones de pesos en conjunto. En 2023, ese monto ascendió a 352 mil 634 millones de pesos, un incremento de 131%. Como lo han indicado diversos especialistas, esto significa una paulatina presión a las finanzas nacionales.
En 2019, las personas adultas mayores beneficiarias del programa recibían de manera bimestral $1,275 y en 2023 $4,800. Actualmente, la cifra bimestral es de $6,000. Es importante que la Secretaría de Bienestar, como autoridad encargada de la implementación del programa y de la erogación del dinero, rinda cuentas claras, pues los recursos pertenecen a todos las y los mexicanos.
En el INAI siempre coadyuvaremos para el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, y seguiremos defendiendo los derechos a saber y a la privacidad de la sociedad.
Cuando una persona ha acreditado su identidad para conocer los datos referentes a un programa social del cual es beneficiario, se le debe entregar la información, sin trabas ni excusas.
