Las pasadas elecciones construyeron nuevos e inesperados escenarios políticos. Uno de estos fue el virtual triunfo de candidatas mujeres en cuatro gubernaturas: Clara Brugada en Ciudad de México, Libia García en Guanajuato, Margarita González en Morelos y Rocío Nahle en Veracruz. Ellas se suman a las nueve gobernadoras actuales del país para alcanzar un total de trece entidades encabezadas por mujeres.
Además, es importante destacar el hecho de que hayan sido dos mujeres las punteras en la pasada elección presidencial y, finalmente, una de ellas encabezará la Presidencia de la República. La paridad de género cada vez está más cerca de alcanzarse, al menos en el poder ejecutivo de los Estados.
No obstante, quedarnos solo con estos datos podría llevarnos a conclusiones erróneas, pues la representación de mujeres en el servicio público está lejos de ser equitativa. Acorde con el estudio "Mujeres en el Gobierno Federal. Más allá de la foto", hecho por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en las secretarías hay solo 3 mujeres por cada 10 hombres en el cargo de Jefes de Unidad. El escaso número de mujeres al frente de equipos de trabajo es resultado de un problema estructural que retrasa su crecimiento laboral.
Sin embargo, el bajo número de posiciones ocupadas por mujeres donde se toman decisiones no es el único obstáculo. El IMCO de igual forma señala que en las secretarías existe una brecha salarial por género de por lo menos 10% en promedio para puestos similares. En sectores como Turismo o Relaciones Exteriores, esta brecha es de 18% y 27% respectivamente. Estas cifras no solo nos ofrecen un panorama realista, sino que muestran un problema público para impulsar en la agenda del gobierno entrante que, por cierto, será encabezado por la primera mujer presidenta.
La agenda que vayamos conociendo en este proceso de transición al nuevo gobierno no debe excluir el papel socioeconómico que tenemos las mujeres. Por esta razón, es plausible que entre las políticas que hoy sabemos se impulsarán, se incluya el apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años. Recordemos que la propuesta original del actual mandatario es elevar a rango constitucional el pago de un monto económico a todas las personas con 65 años cumplidos. Por lo que esta propuesta impulsada por la presidenta virtual hace una segmentación positiva que beneficia a las mujeres que aún no pueden acceder a la pensión universal de adulto mayor.
Esta decisión se toma para compensar las actividades no remuneradas que realizan las mujeres mexicanas y en apoyo a las madres jefas de familia del país.
Estamos en la coyuntura política más propicia para impulsar condiciones equitativas para las mujeres. Ya sean empresarias, estudiantes, trabajadoras del hogar, científicas o políticas, debemos pedir a nuestras autoridades que los pendientes de la agenda se discutan y se aprueben.
Si bien estar representadas por mujeres en cargos públicos es un gran paso, debemos concretarlo en las leyes y su implementación. Seguiremos trabajando y pidiendo lo justo.
@JulietDelrio
