La RAE define el verbo desmitificar “Disminuir o privar de atributos míticos u otros semejantes.” El término "desmitificar" se refiere a desenmascarar o desmentir los mitos que existen en ciertos temas o conceptos. Es inexacto decir que, cualquier persona puede participar, en la selección para ser ministro, magistrado y juez de distrito, sin haber cumplido con los requisitos de elegibilidad (los mismos que han existido desde siempre).
La administración de justicia podemos descifrarla como la función jurisdiccional que le corresponde a uno de los órganos del estado (poder judicial). En sociedades como la nuestra, es imposible dejar de pensar que la justicia o injusticia dejen de ocupar un lugar central en el debate público. Una de las razones de urgencia para impulsar una reforma judicial, desde hace varias décadas, el poder judicial se ha envuelto en una crisis sistémica; por ello, es obligado reestudiar el derecho, la política social y la organización económica, entre otros temas afines a la justicia o injusticia.
Por su puesto que la administración de justicia, no ha dejado de ser una de las grandes preocupaciones de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y, aunque, aparentemente después de más de dos meses de haberse publicado en el DOF la nueva legislación judicial, aun persiste la resistencia de juzgadores incitados por poderes facticos, como el poder económico, los medios de comunicación, la iglesia, la inversión extranjera y otros que sienten vulnerados su intereses, incluso, la propia oposición(irracional), que gobernó en el periodo neoliberal.
Esa parte de del poder judicial (irracional), se niega a perder privilegios alegando arbitrariedad e invasión de otros órganos (poder ejecutivo y legislativo), cuando en realidad han negado la facultad reformadora de “La soberanía nacional [que] reside esencial y originalmente en el pueblo”; en todo caso ellos (poder judicial), no solo quieren violentar e invadir facultades del poder constituyente, sino han intentado pasar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El poder judicial ha venido actuando sistemáticamente al margen del marco legal y constitucional.
Sería estéril que la oposición gobernante durante el periodo neoliberal negara los legados negativos en administración de justicia consintieron y en algunos casos hasta cómplices junto con el poder económico violentaron al margen de lo estipulado en la propia CPEUM que al respecto dice: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales...”
Los asuntos cotidianos y padecidos por una generalidad de ciudadanos: la desigualdad en los ingresos y las oportunidades de empleos, las disparidades en la posecion de propiedades, las privaciones que se derivan del desempleo, la discapacidad, la enfermedad o la edad avanzada, los daños no compensados provocados por accidente o que son resultado de conductas criminales de otras personas y los sufrimientos de las victimas de la opresión de su clase, raza género y rango, todas esas situaciones y muchas más, son rutinariamente denunciadas no simplemente como malas, sino como injustas.
No son pocos los ejemplos en que el poder judicial ha faltado a su responsabilidad profesional y ética; casos en que se evidencia su inadecuado e injusto proceder malinterpretando su autonomía e independencia de decisión judicial para favorecer a los poderosos menoscabando o atropellando los derechos del débil (pueblo).
La retórica en el debate público que ha venido asumiendo la oposición irracional carece de argumentos lógicos jurídicos y legales, utilizando recurrentemente fake news, pretendiendo burlar la inteligencia de los mexicanos. El modus operandi de la derecha conservadora (desde siempre), es muy particular en la fabricación de discursos plagados de mentiras, incluso, llegando a difamar e insultar. Se niegan a la posibilidad de democratizar el poder judicial.
Se han empeñado en decir que con el nuevo derecho vigente (reforma aprobada), podrá ser juzgador cualquier persona (de forma peyorativa) refiriéndose al pueblo, señalando con la reforma “podrá ser juez cualquier hijo de vecino”; es decir, omiten decir que está prevista una selección suficientemente cuidada y estudiada por expertos.
En realidad la elección de juzgadores(as) será: “de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía”; en la que podrán participar: “todas las personas interesadas que acrediten los requisitos establecidos en esta Constitución y en las leyes, presenten un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación y remitan cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo.” Además, “…que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.
Por otra parte, se garantizará con filtros por especialistas que evaluaran las fichas técnicas de los participantes: “Los Comités de Evaluación integrarán un listado de las diez personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistradas y Magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electoral e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, y de las seis personas mejor evaluadas para cada cargo en los casos de Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito.”
Para los mismos efectos, la oportunidad y equidad en los participantes aspirantes se autenticará: “Las personas candidatas tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria, conforme a la distribución del tiempo que señale la ley y determine el Instituto Nacional Electoral. Podrán, además, participar en foros de debate organizados por el propio Instituto o en aquellos brindados gratuitamente por el sector público, privado o social en condiciones de equidad.”
El deshonesta y tendenciosa retórica que han venido construyendo quienes pretenden conservar privilegios y la supuesta autonomía e independencia -de la que han hecho uso indebido-, deben saber que ha quedado firme que: “Contar el día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción I del artículo 96 de esta Constitución con título de licenciatura en derecho expedido legalmente y haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Para el caso de Magistrada y Magistrado de Circuito deberá contar además con práctica profesional de al menos tres años en un área jurídica afín a su candidatura;”.
Cierto, el pueblo de México sigue en proceso de politización…es el camino para un segundo piso de la 4T.
