El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no se conduce por filias o fobias. Por el contrario, sus resoluciones son ejemplo de su autonomía. Su trabajo —garantizar los derechos a conocer información pública y la privacidad de las personas— se basa en criterios específicos y especializados, alejados de una lógica política partidista.
Basta enumerar algunos casos emblemáticos para comprender cómo, desde el año 2003 (cuando era IFAI) a la fecha, el Instituto ha actuado con independencia e imparcialidad. Si bien han existido irregularidades que yo misma he denunciado desde mi llegada como Comisionada en noviembre de 2020, eso no quita lo que sí se ha hecho por el bien de las y los mexicanos. Actualmente, por unos actores, la sociedad entera está pagando.
El primer recurso en la historia del IFAI se remonta a 2003, cuando se interpuso un recurso contra Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). Esta acción marcó el inicio de una serie de resoluciones que, a lo largo de los años, han permitido a las personas acceder a información fundamental para la transparencia gubernamental.
En 2007, una persona solicitó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) información relativa con cualquier averiguación previa hecha por la propia PGR hacia la persona que en ese momento ejercía el cargo de presidente de la República. La Procuraduría quiso reservar la información por 12 años, pero el IFAI revocó parte de la clasificación.
En aquel sexenio, el Instituto jugó un papel decisivo al instruir a la Presidencia a entregar audios y documentos sobre las reuniones entre el entonces presidente saliente y el entrante. De hecho, en 2009, una solicitud del IFAI resultó en la revelación de la lista de prisioneros fallecidos en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, subrayando el compromiso del Instituto con los derechos humanos.
En 2010, una persona pidió al IMSS los contratos y autorizaciones para la operación de guarderías subrogadas, así como documentos enviados a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública. Aunque el IMSS reservó la información argumentando que ésta era materia de una investigación judicial, el IFAI determinó que dicha investigación había concluido y que se debía entregar lo solicitado. La información relativa a la Guardería ABC se encontraba en dicho requerimiento.
En 2012, gracias al Instituto Federal de Transparencia se pudo conocer, en versión pública, el plan de vuelo de helicóptero en que viajaba y perdió la vida Francisco Blake, hasta ese momento Secretario de Gobernación.
Para 2013, la sociedad pudo conocer el listado de los 65 delincuentes más buscados y capturados en aquel sexenio, a pesar de que la Procuraduría General quería reservar la información.
En 2014, el IFAI instruyó a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar sobre los planes del entonces Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, ya que dicha institución señaló que no entregó los registros, cuando era de conocimiento público que existía dicho proyecto.
En 2022, se instruyó a Cofepris a realizar una búsqueda exhaustiva sobre el uso de la ivermectina para tratar el Covid-19, revocando la respuesta inicial de dicha Comisión que negó tener la documentación solicitada.
Desaparecer al INAI representa un retroceso de mínimo dos décadas en el camino de transparentar al país y hacer que las autoridades rindan cuentas. Lo que hoy perdemos, mañana nos costará muy caro.
@JulietDelrio
