Este gobierno ha presentado con retraso el IV informe del Estado Mexicano, ante el Mecanismo de Examen de Periódico Universal MEPU de Naciones Unidas. El cumplimiento de los derechos humanos al que está obligado en el contexto del derecho internacional, como todos los Estados y naciones, tiene serias reservas y todo indica no acatará recomendaciones en materia de seguridad militarizada, prisión preventiva oficiosa y arraigo, desplazamiento forzoso interno, migración y espionaje a civiles.
Este novedoso mecanismo que se aprobó y es vigente desde 2006 obliga a cada país miembro de la ONU se someta y comprometa, en el marco de la Comisión de Derechos Humanos, a aceptar la revisión que otros países hacen al Estado mexicano a partir de visitas in situ, los informes de las organizaciones no gubernamentales y el propio informe oficial que institucionalmente se presenta. México recibió 318 recomendaciones de las cuales no aceptó 14 en las materias arriba mencionadas.
Nuestro país ha recibido reiteradamente la recomendación de que elimine la figura del arraigo, hoy se suma la Prisión Preventiva Oficiosa. La militarización de la seguridad pública es inaceptable en un Estado democrático y peor que se pretenda la Guardia Nacional pase al Ejército, como pretende López Obrador.
El gobierno señaló que no espía ni se vigila a nadie, cuando hay constancia contundente de que lo hace contra periodistas, integrantes de la sociedad civil y opositores.
Desde hace algunos años en que se recrudeció el fenómeno de desplazamiento forzado interno derivado de la inseguridad en algunas regiones del país, se ha planteado la necesidad de legislar una nueva ley en materia de desplazamiento interno, sin embargo el gobierno soslaya la gravedad del problema. Tampoco asume que debe cambiar su política contra la migración particularmente por el uso de las fuerzas armadas en las fronteras.
El objetivo de este examen es impulsar, ampliar y apoyar la promoción y la protección de los derechos humanos, y se ha reconocido progresos particularmente en el marco jurídico, pero la aplicación de la ley ha sido deficiente y como consecuencia hoy México ha recibido más recomendaciones que en los informes anteriores.
Por desgracia, hemos constatado que este gobierno que está por terminar ha sido reactivo en no escuchar a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos. La tozudez de militarizar la seguridad pública es un ejemplo de ello, o el maltrato a migrantes y hacer caso omiso de la crítica situación del desplazamiento forzoso.
Este es el país que recibe Claudia Sheinbaum. Hay quienes piensan que al asumir la Presidencia dará un giro y encauzará el rumbo del país lo que permitirá atienda de manera estructural la grave situación que hereda y que se concreta de manera puntual en las recomendaciones que derivan del Examen Periódico Universal. Que ella tiene una visión más abierta respecto del derecho internacional.
Por otro lado, hay quienes ven una sujeción a su tutor, y como lo ha dicho, seguirá la línea que ha caracterizado al lopezobradorismo. Una prueba de fuego la tendrá precisamente en la concreción de las 304 recomendaciones que ya aceptó éste gobierno; sin embargo no podrá excusarse y desatenderse respecto a las 14 que no se están aceptando; la cruda realidad le impondrá una crisis social y política precisamente en estos asuntos. Al tiempo
Defensora de derechos humanos
