El Tribunal Federal de Justicia Administrativa experimentará en los primeros días de 2023 un peleado relevo en su presidencia, pues al interior se libra una batalla impulsada desde fuera por personajes relacionados con la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, tanto del presente sexenio como de la administración anterior.
El “consigliere” del último gobierno priísta, Humberto Castillejos, impulsa a su cercano magistrado Guillermo Valls, y enfrenta en la mencionada lucha a la actual consejera, María Estela Ríos, quien perfilaba como carta principal para el puesto a la magistrada Natalia Téllez, integrante de la sala especializada en temas de corrupción.
Castillejos y Valls Esponda parecen haber salido victoriosos del primer round, pues la reforma legal que impulsaba el ala amloísta, y que aseguraba la elección de la magistrada Téllez Torres Orozco, quedó atorada en la Cámara Alta, por lo menos hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones.
La magistrada anticorrupción, también amiga cercana de Raquel Buenrostro, no podrá ser elegible en el proceso del próximo 3 de enero; la actual Ley Orgánica del TFJA se lo impide, al pertenecer a una sala que no debe participar en temas de administración, para evitar que contraiga compromisos con los particulares o con el gobierno.
Si bien se buscó eliminar de manera exprés esas restricciones, los cabildeos de Buenrostro y María Estela Ríos no fueron suficientes, en particular porque el traje a la medida que confeccionaban para Téllez Torres Orozco pegaba hondo en el discurso anticorrupción y, adicionalmente, enturbiaba las negociaciones internas de aprobación de las leyes de reforma electoral. Sin duda, hay prioridades.
El juego se abre entonces para otros magistrados, y se allana el camino para la operación de Guillermo Valls, quien tiene a su favor toda una estructura de despachos de abogados que rondan el Tribunal y sus juzgados, y que entienden a la perfección la importancia de los asuntos que se dirimen en sus escritorios.
Según se dijo en las disertaciones que se presentaron en la Cámara de Diputados, durante la discusión de la reforma de Ley, el TFJA alberga juicios que representan entre el 5 y el 10 por ciento del Producto Interno Bruto del país; haga cuentas de la importancia de este órgano si el PIB anual se encuentra en los 17 billones de pesos.
En este Tribunal se analizan y se resuelven, por ejemplo, los juicios de los contribuyentes contra el SAT de Antonio Martínez Dagnino, de ahí la intención de Raquel Buenrostro de meter la mano pues, aunque tenga como tarea oficial encabezar la política pública en materia de Economía, sigue siendo quien dicta la política de recaudación.
En próximos días se sabrá si entre la baraja de aspirantes a relevar a Rafael Anzures existe un nuevo alfil de Buenrostro, o si desde Palacio Nacional se decidió ya dejar el proceso a una verdaderamente elección libre.
