La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se encuentra en una gira por todo el país, asegurando a los miembros de la Guardia Nacional que sus derechos laborales se mantendrán intactos tras la decisión de la Suprema Corte de retirar el control de esta fuerza policial a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, en su recorrido ha sido testigo de una serie de reclamos relacionados con la falta de armamento y equipamiento adecuado, especialmente para hacer frente al crimen organizado.
Entre los reclamos más recurrentes, según fuentes internas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se encuentra la escasez o deterioro de vestimenta y accesorios de seguridad personal. Esta problemática pone en grave riesgo a los agentes de policía, que en muchos casos se enfrentan a fuerzas del crimen organizado con una clara superioridad en capacidad de fuego, como le hemos contado en este espacio.
El Ejército ha sido consciente de este problema y, durante los escasos meses en los que estuvo a cargo de la antigua Policía Federal, realizó compras de materiales destinados a mejorar la capacidad de fuego y protección de la corporación. Sin embargo, los proveedores incumplieron finalmente con las entregas, dejando a los miembros de la Guardia Nacional en una situación de total indefensión.
Un ejemplo de esto es la compra de más de 10 mil chalecos antibalas realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional en diciembre del año pasado, a través del procedimiento licitatorio LA-007000999-797-2022. Se destinaron 167.4 millones de pesos para adquirir este equipo, que hasta la fecha no ha sido distribuido a los agentes de la corporación, a pesar de que la mayoría de ellos debían ser entregados el pasado 13 de abril.
Las empresas a las que se les realizó esta compra son Grupo Servicorvel SA de CV y Soldi Capital SOFOM ENR, ambas vinculadas a la empresaria queretana Anna Viesca Sánchez. Resulta sorprendente que una empresaria que opera en el mercado de alimentos y productos de limpieza sea proveedora del sector público de seguridad a través de estas y otras compañías, como Avacor SA de CV y Bercale Services SA de CV.
Todas estas empresas tienen antecedentes de incumplimientos en contratos previos. Por ejemplo, Avacor fue adjudicada en 2021 para proveer fornituras a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero entregó el material hasta cuatro meses después de la fecha acordada. Grupo Servicorvel registró un retraso de hasta 160 días en la entrega de una Centrífuga Universal de Alta Velocidad adquirida en 2022, y Bercale Services presentó retrasos de 101 días en la entrega de gabinetes médicos para el Ejército en 2021.
A pesar de estos antecedentes, Anna Viesca y sus empresas vinculadas aparecen como ofertantes en próximos concursos de Sedena a nivel federal, y a pesar de que las mismas se encuentran ya bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación, por irregularidades cometidas en contrataciones de la Cuenta Pública de 2021.
Estos reclamos sobre la falta de equipamiento y los problemas con los proveedores han generado preocupación y cuestionamientos sobre la gestión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la capacidad de la Guardia Nacional para enfrentar eficazmente al crimen organizado. La situación pone en peligro la seguridad y la integridad de los efectivos policiales que se enfrentan a situaciones de alto riesgo, pero eso ya lo sabe Rosa Icela.
