Indudablemente, a partir de la última reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 2019, el primer paso que debieron haber dado quienes asumen la responsabilidad de representar a una institución de educación superior en el país, fue y es revisar, así como, establecer políticas de inclusión; en su caso, no rechazar estudiante alguna (o) a su egreso de la educación media superior.
En las últimas reformas constitucionales y legales realizadas en la administración de la cuarta transformación, se estableció la obligatoriedad de educación superior a cargo del estado; a partir de entonces, en prácticamente todos los niveles del sistema educativo es obligatorio y gratuita la educación.
En la reforma para establecer la obligatoriedad de la educación superior se especifica en la ínfima parte del primer párrafo del artículo 3 constitucional especifica que: “…la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente articulo…”, dicho eso, referente a la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior.
En referencia a lo dispuesto y relacionado en la fracción X del derecho fundamental de la educación del nivel de educación superior, que a la letra señala: “La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.”
Es decir, existe el deber institucional de las dependencias educativas de los gobiernos federal y estatales asumirán la responsabilidad de implementar políticas para garantizar una adecuada formación en la educación superior.
Ante las nuevas políticas para garantizar la obligatoriedad y gratuidad, así como la educación de calidad en el nivel superior; en ese sentido, es de reconocer a las autoridades universitarias de la entidad, que no obstante tener un trato inequitativo en el subsidio público con relación a otras IES del país, al momento de la asignación presupuestal anual por estudiante así como de otras dificultades domésticas como lo son, la toma de instalaciones por un sector de la comunidad universitaria en protesta de demandas que probablemente atente contra sus derechos.
En ese orden de ideas, el Rector Rubén Ibarra Reyes, en su capacidad provisoria decidió a bien llevar a cabo sin contratiempos la aplicación del examen de admisión a diversas licenciaturas en lugar distinto al programado en la convocatoria para tal efecto, mismas que estaban previstas en las instalaciones del campus universitario siglo XXI.
Desde inicios de la presente administración (de la transformación) ha quedado claro la institucionalización de una política de equidad educativas de la educación superior; la cual se refiere expresamente a la obligatoriedad y gratuidad.
En ese orden, el estado deberá asumir su responsabilidad con la asignación presupuestal requerida en la formación educativa de cada estudiante (subsidio correspondiente).
El sistema educativo mexicano, especialmente el nivel superior (que no era obligatoria), con las reformas realizadas, los gobiernos federal y estatales deberán asumir el rol de facilitadores, sin escatimar la inversión a la educación (IES), para el correcto funcionamiento con el fin garantizar una educación en la búsqueda de un bien estar social.
Para los escépticos (conservadurismo), dicha política ha sido imposible de implementar; para ellos, menos alternativo (para el desarrollo económico), debiera ser qué estado (gobierno), subsidie a los educandos a través de apoyo económico (becas a estudiantes universitarios).
En el mismo orden de ideas (de la inclusión y equidad a los servicios educativos superiores), en el fin de semana recién pasamos, pudimos advertir en redes sociales la atinada y responsable postura de autoridades universitaria locales (Rector), que informaba: “…El día de mañana 15 de junio estarán aplicando su examen de CENEVAL para el ingreso de esta generación agosto - diciembre 2024, revisando la posibilidad de llevar a cabo este examen en diferentes dinámicas y diferentes instalaciones. Debido a esta amenaza pudiera imposibilitar llevar a cabo este examen debido a la toma de las instalaciones del campus siglo XXI…debido a ello hemos reorganizado este examen, lo hemos dicho muchas veces, no hay docentes sin estudiante” posteriormente se anunciaba la reprogramación logística para la aplicación del exámenes de admisión a efecto de evitar una afectación a un derecho de los estudiantes interesados a ingresar a la Universidad Autónoma de Zacatecas en diversas programas académicos universitarios.
A decir del Rector un total de cuatro mil setecientos diecisiete (4,717) estudiantes de nuevo ingreso, en esta ocasión, habrían de presentar su examen de admisión el día 15 de junio.
En hora buena a las autoridades universitarias, por su compromiso y visión incluyente para atender de manera resolutiva el proceso de admisión previamente programado.
Atinada su decisión para instruir cero rechazos de interesados a ingresar a la UAZ, “ningún joven zacatecano, mexicano o extranjero…se puede quedar fuera…”
Obligatoriedad y gratuidad; no es otra de las acciones en pro de una adecuada política educativa y desarrollo de gobiernos progresistas.
P.D. Felicidades a las autoridades universitarias de nuestra máxima casa de estudios, especialmente al Rector Rubén Ibarra Reyes por su actuación con sentido de responsabilidad social.
