Estado de derecho ignorado
El pasado 27 de agosto compartí en mi opinión de este importante rotativo local, lo que entonces circulaba en redes sociales -algo insólito-, desde el seno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, su presidente y el total de los integrantes de dicho tribunal se pronunciaban solidarios con el Poder Judicial, ante el proyecto de reforma judicial y otros proyectos, los cuales fueron enviados el 5 de febrero de 2024 en un paquete de iniciativas de reformas constitucionales, propuestas enviadas por el entonces presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.
Los integrantes del TJEZ argumentaban “su firme compromiso con la defensa del Estado de derecho”. En términos llanos, debe entenderse al Estado de derecho, como aquel que se rige por un orden jurídico. En el Estado de derecho de México, se especifica en la ley fundamental en sus artículos 39 y 135. Es decir, la propia Constitución establece desde su creación (1917) “el derecho por que vías jurídicas se pueda transformar cualquier precepto constitucional”. Acto supremo ignorado por los juzgadores locales.
La facultad de modificar se deposita en el órgano reformador, el poder legislativo (congreso de la unión y congresos locales); es precisamente en ellos, en quienes nuestra carta magna reconoce atribuciones para reformar la constitución, son depositarios de la soberanía nacional. El poder constituyente previsto en el artículo 135 reside esencial y originalmente en la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, que “tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar y modificar en cualquier momento la forma de gobierno”.
Resulta paradójico e inadmisible en manos de quien se encuentra el destino de la administración de justicia, mismos que insisten en desconocer el mandato constitucional. Han alterado e ignorado el concepto de Estado de derecho o mínimamente lo entienden, desvirtuando su sentido.
Para muestra un botón, ejemplificamos con la intransigencia de proceder mediante distintas formas de manifestarse los integrantes del poder de judicial federal a lo ancho y largo del país, incluso, manipulando o desinformando el contenido de la reforma judicial, originando confusión en trabajadores que actúan al margen del derecho, omitiendo su responsabilidad institucional.
En algunas (por no decir todas) acciones indebidas, son coordinadas o aplaudidas por funcionarios de altos niveles del PJF que tienen en riesgo sus intereses; el actuar de la Directora de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del PJF Juana Fuentes en entrevista, ante medios de comunicación (p.ej., radio fórmula conducido por Ciro Gómez Leyva), respondía: “pues la lista, entiendo lo que el comunicado y con mucha burla en el Senado esta consumada y pues esperar, si siguen con esos actos de irresponsabilidad en congreso porque lo único que demuestran a la sociedad es justo que tipo de juzgadores le van a poner en cada uno de los tribunales y juzgados de este país, a nuestra sociedad que hasta hoy es lo que nos mantienen también a nosotros en acción para conservar lo que, lo más puro que podía haber en este país frente a la política aquí dentro del poder judicial”. Hasta aquí, parte de la entrevista a quien representa a los juzgadores del país.
Otro juez de distrito (Miguel Ángel Luna García, Juez primero de distrito de saltillo, Coahuila) , con música de fondo de desdicha invoca una tragedia con la reforma judicial, dice: “y lo reafirmo porque al momento de realizarse estas elecciones nuevas en una reforma constitucional que violo muchísimos procedimientos y muchísimos derechos de muchísimas personas, también se involucra el factor suerte para filtrar a los interesados en participar y reitero desde mi punto de vista un sistema judicial fundado en la suerte por tómbola es un sistema que constituye una autentica tragedia una falta de respeto para México para los mexicanos para sus jueces y sus magistrados a quienes no se les ha comprobado ningún acto de corrupción y que solo nos va a llevar al fracaso hoy, hoy fue una tragedia, una autentica tragedia, lo siento por mis amigos, mis compañeros, por todos los jueces y magistrados que estamos presenciando esta situación, lo siento mucho por todos los mexicanos que van a sufrir los estragos de un sistema judicial basado en tonterías y espero yo que no dure mucho”. Con esas expresiones y/o campañas de resistencia, no solo denotan desesperación ante la inminente perdida de privilegios, sino que hasta construyen escenografía catastrófica, apocalíptica.
Retomando el estatus de la coyuntura del segundo piso de la transformación del país, resulta Innegable que, ya no es proyecto de iniciativa de reforma judicial, sino derecho vigente; por lo que toda forma de resistencia realizada por trabajadores del PJF, como el propagado por la vocera del PJF (Patricia Aguayo), que dice: seguirán con sus luchas y demandas “no vamos a permitir que por una persona que ha mostrado una completa deslealtad entre otras muchas otras a la institución se vaya para abajo todo el respecto que debe haber por una autoridad que integra uno de lo poderes de la unión que hoy mismo esta siendo trasgredido por el poder ejecutivo y el poder legislativo en la medida que están recomendando a autoridades que no cumplan con suspensiones, esto atenta ya directamente con el estado de derecho de la división de poderes está generando una crisis constitucional…”, insisto, desconocen el sentido correcto del Estado de derecho.
No era exagerado el título de mi pasado ensayo que titule “Crisis constitucional o perdida de privilegios”; con esas acciones se ha comprobado que se sienten vulnerados en sus privilegios, por lo que realizan campañas sistemáticas, resistiendo irracionalmente derechos ilegitimo.
¿En manos de quienes ha estado la administración de justicia?
La transformación es irreversible.
¡Así lo determinó el pueblo!
“Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia…” artículo 136 de la CPEUM.
