El reto del proceso de la transformación de las instituciones de nuestro país se deberá sostener en la perseverancia y la preservación de la revolución de las conciencias que se han venido formando a partir del parteaguas que el pueblo decidió cambiar de régimen ante un modelo económico neoliberal incrustado por más de tres décadas, transformación refrendada a través de un segundo piso.
El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, en una de sus interesante obras desarrolla un ensayo al que ha denominado “la crisis de la verdad”, sus apreciaciones están asociadas y suficientemente sustentadas en la era digital de la que no podemos abstraernos, se trata de un fenómeno que origina distorsiones patológicas de la sociedad de la información, definido como la era de la fake news, que no es otra cosa que la desinformación, conspiración; es decir, información totalmente desconectada de la realidad.
En un contexto social y político como el que vivimos, fundamentalmente, después de padecer más de tres décadas de un régimen injusto e inequitativo que se regía por el mercado, donde todo era mercancía, individualismo y consumismo, donde la verdad, diluía; esa etapa del conservadurismo en el que confluimos involuntariamente un peregrinar de ambientes hostiles que profundizaron las brechas de la desigualdad contraponen el mundo verdadero y el de la mentira.
El fenómeno planteado por el filósofo citado, al que, deliberadamente nos induce a reflexionar, sugiere loables propósitos ante realidades que se siguen presentando en esta era de digitalización, realidades contextualizan cualquier parte o región terrenal.
Nuestro caso, México, ante el innegable proceso de transformación y a seis años del restablecimiento de un modelo nacional humanista, del que opositores contumaces han descalificado irracionalmente; no obstante, ser consecuencia de un proceso democrático legal y legitimado en el que se expresó la voluntad del pueblo.
La oposición conservadora e integrantes del Poder Judicial Federal, irresponsable e insistentemente ha procedido y sigue interviniendo ilegalmente la función jurisdiccional del Estado mediante actos con los que ignoran una realidad irreversible; lo dice muy bien Byung-Chul: “La verdad impide que las diferentes pretensiones de validez conduzcan a un bellum omnium contra omnes, a la división total de la sociedad.” La guerra de todos contra todos. Eso es resultado de un actuar irresponsable del bloque opositor auspiciado y/o consentido por la presidenta de la SCJN y Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal.
Es insostenible negar que en México padecemos situaciones en las que sistemáticamente se pretenda desnaturalizar el contexto; una realidad producto de la transformación por voluntad del pueblo, quien depositó su confianza en los representantes populares (poderes: Ejecutivo y legislativos) para proceder conforme al Estado de derecho previsto en los artículos 39 y 135 constitucionales.
La consolidación de la transformación iniciada en el 2018; es claro, no depende solamente de modificar un sistema de gobierno (derecho vigente), corresponde también a quienes impulsamos en las urnas el cambio verdadero pregonar las virtudes que impactan positivamente en beneficio de sectores vulnerables.
El reto no es menor (un nuevo sistema judicial), pero es necesario ante una oposición irracional que defiende privilegios de juzgadores de alto rango, quienes hasta ahora se han manifestado renuentes e ignorando la voluntad del pueblo; esa clase dorada de servidores públicos están dispuestos a todo, a no perder privilegios ilegítimos, para muestra de un botón, allí está los sueldos percibidos sin trabajar, ya dos meses, erogación a cargo del pueblo de México. Por cierto, la violencia y vandalismo, no deja de brillar en cada acto de protesta realizada en contra de la reforma ya consumada.
Donde esta aquel empresario (Claudio X González) que intento manipular el Estado mexicano en beneficio de su interés; en cierta ocasión (enero de 2016), a un grupo regional de maestros a quienes tildó de delincuentes; en su mensaje cuyo destinatario era el entonces secretario de educación del país, decía: “No más fintas, Aurelio, goles; no es de gambeteros, es de goles. Los partidos no se ganan con gambetas, se ganan con goles. Hay que intervenir Michoacán y Chiapas, no veo otra salida. Demasiado poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con fenómenos delincuenciales.” ¿Los del poder judicial, en el concepto de dicho empresario no serán unos delincuentes? Que paradójico, comparar una lucha social en un régimen disminuido con una competencia de futbol.
Los mexicanos que decidimos por un cambio de régimen, debemos actuar acorde a las circunstancias derivadas a ese nuevo modelo de gobierno; debemos estar conscientes de que se han generado condiciones para participar democráticamente en el poder judicial.
Toca a los mexicanos hacer valer la coyuntura para democratizar los espacios públicos de ´decir el derecho´; pero también -quizá con mayor responsabilidad-, a las instituciones formadoras de los profesionales del derecho, es un tema ineludible; el de elevar los estándares formativos y de capacitación competencial con enfoque de juzgar conforme a derecho y la justicia. El reto es un compromiso ineludible ante un escenario establecido por voluntad del pueblo. Democratizar el acceso a la administración de justicia es una realidad, no más al amparo de privilegiados, de amigos, familiares o beneficiados de funcionarios judiciales de mayor jerarquía.
Es un hecho inédito que por decisión popular como lo establece la constitución se haya democratizado el Poder Judicial Federal (muy pronto los locales), corresponde al pueblo decidir: “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste…” es decir, es decisión de la voluntad del pueblo, a este corresponde decidir por sus juzgadores.
Los cambios, nunca han sido lo más terso, sin embargo, tenemos un compromiso con la nación que deseamos.
Eulogio Monreal Ávila
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