La función pública es “la relación jurídica que existe entre el estado y sus trabajadores” en este ejercicio del deber, se trata de una oportunidad para evaluar que comprende a todo servidor público que se encuentre adscrito a cualquier ente público.

No cabe duda que la reforma judicial ha venido a revolucionar el ejercicio público en este órgano; además, pronto los otros órganos o entes públicos del estado (como el del legislativo y ejecutivo), deberán sujetarse a los mismos o similares criterios de evaluación del desempeño de sus trabajadores. Inadvertidamente se avecinan vientos de esperanza de calidad en el servicio para una sociedad cada vez más politizada, frente a una presión que se puede observar en quienes ejercen alguna función pública (como se ha visto en el PJF) de algunos servidores, faltos de probidad, sin responsabilidad o menoscabo de ética, honestidad y eficiencia en el servicio público.

Lo que hemos podido observar en estos primeros días de inicio del segundo piso de transformación nacional, es voluntad y firmeza de quien conduce los destinos del país para garantizar la demanda de millones de mexicanos de justicia, equidad y humanismo.

La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, primer y única mujer en la historia del estado mexicano que ha asumido el cargo de presidenta de la republica tiene en sus manos la decisión de revolucionar la vida pública del país y dar continuidad a regenerar la función pública no solo del PJF y de las entidades federativas, sino del legislativo y ejecutivo; una alternativa, aunque no la única es ciudadanizar al pueblo de México para instituir comités conformados por la sociedad civil que establezcan mecanismo efectivos de evaluación a servidores públicos de cualquier rango de la función pública.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define al servidor público “…a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.”

De igual manera se consideran como tal a “Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales…”

Millones de mexicanos deseosos estamos de que lo iniciado por AMLO y extendido en estos primeros días por la presidenta de la república la Dra. Sheinbaum, se trate de una realidad y no de una noche larga que solo quede en la intensión de transformar la función pública de nuestro país.

No debiera quedar al margen, el proceder de los actuales servidores del gobierno federal que representan a la presidenta en cada entidad federativa, de aquellos que en apariencia son fundadores o de un movimiento de lucha y regeneración por una transformación del país. Se debe actuar con la mismo criterio, evaluaciones y renovación cuando sea necesario. Que no se perpetúen los mismos.

A propósito de considerar el espíritu renovador por un humanismo mexicano; el mismo humanismo que la presente y pasada administración han pugnado insistentemente en esa filosofía local.

Los Comités de evaluación en el poder ejecutivo es una buena alternativa para seleccionar los servidores públicos que nos debieran representar, los mismos que debieran actuar conforme a criterios similares a los establecidos en los comités de evaluación para restructurar al poder judicial de la federación y los estados.

Es una viable alternativa (oportunidad), para que a través del poder ejecutivo federal se establezcan mecanismos de evaluación mediante comités estatales con personalidades de solvencia moral y científica reconocida, se trataría prácticamente de una forma de seleccionar a los servidores públicos que cumplan con los estándares propios de la función pública en cada entidad federativa.

Por la distancia, es más susceptible que los representantes del gobierno federal en los estados alcancen vicios, como diversos actos de corrupción y cotos de poder locales, solo por decir algunos.

No basta con entes institucionalizados que supervisen y vigilen la actuación del servidor público, tiene mayor valor la prevención que selecciona adecuadamente a servidores públicos profesionales, con ética y eficiencia para el ejercicio de la función pública.

Con la reforma de uno de los órganos del estado (PJF), surge un punto ciego de supervisión o vigilancia en la función pública. Los poderes ejecutivo y legislativo se vuelve vulnerable en su representación en cada entidad federativa.

La corrupción y cotos de poder los podemos encontrar en lo mas insignificante de las administraciones públicas.