En estos días hemos sido testigos de la discusión sobre la reforma constitucional que pretende dotar de personalidad jurídica y patrimonio propio a los pueblos y las comunidades indígenas así como a afromexicanos e incorporar el derecho a la consulta.
De acuerdo con especialistas si estos sectores sociales son sujetos de derecho público se crea un camino positivo rumbo a la libre determinación y la autonomía. Esto consolida a México como un país plural y diverso que respeta distintas formas de organización.
Para estas comunidades, específicamente hablando de las indígenas u originarias, el acceso a la información es un derecho clave que les da herramientas para defender sus territorios, preservar su cultura y mejorar sus condiciones de vida. Si el Estado mexicano no garantiza transparencia ni acceso a la información pública, cualquier modificación normativa será menor y no impactará en la realidad de las personas como debería.
En nuestro país, de acuerdo con las últimas cifras del INEGI, 23.3 millones de personas se identifican como indígenas, es decir, el 19% de la población. Además, existen al menos 68 lenguas indígenas que son un testigo claro de la riqueza cultural.
Es innegable que a lo largo de la historia las comunidades indígenas han sufrido el despojo de tierras, racismo, explotación y discriminación, factores que han afectado hasta el día de hoy a su libre determinación. Quienes se identifican como indígenas siguen estando en situación de vulnerabilidad, con altos índices de pobreza, analfabetismo y falta de acceso a servicios básicos como salud y educación.
Con el apoyo de la transparencia es posible luchar para atender problemas de dichos sectores. Por ejemplo, comunidades indígenas en Oaxaca pudieron entender mejor los megaproyectos en sus tierras y tomar decisiones informadas a través de procesos de consulta a información oficial. Al estar enteradas sobre las oportunidades educativas, servicios de salud y programas de apoyo gubernamental, el desarrollo de las comunidades indígenas puede mejorar.
En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), contamos con el Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDE) que socializa los derechos tutelados entre integrantes de grupos considerados de alta vulnerabilidad en coordinación con organizaciones de la sociedad civil.
Desde el inicio del programa en 2015, el INAI ha respaldado con más de cinco millones de pesos a más de 30 proyectos orientados a beneficiar a poblaciones indígenas, principalmente niñas, adolescentes y mujeres indígenas. Algunos proyectos destacados han gestionado casos que impulsan liderazgos femeninos en indígenas veracruzanas, o que utilizan el arte para promover el derecho de acceso a la información para combatir la violencia de género en mujeres otomíes.
Asimismo, en agosto de este año, el Sistema Nacional de Transparencia realizó el primer Congreso Regional del Sureste en la ciudad de Oaxaca, denominado “La transparencia y el derecho a saber de pueblos y comunidades indígenas”. Con este evento, se descentraliza la labor del INAI en beneficio de más beneficiarios en el país.
De igual manera, en el Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI contamos con personal capacitado para atender a las personas que hablan una lengua originaria, como el náhuatl en su variante central, tanto para que puedan realizar solicitudes de información como interponer recursos de revisión ante negativas de las autoridades.
Seguiremos trabajando para que las comunidades indígenas —y afromexicanas— puedan ejercer sus derechos a saber información pública y a la protección de sus datos personales. Las instituciones públicas no podemos sino trabajar para todas y todos.
@JulietDelrio
