La narrativa en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se basa en una campaña abierta de desinformación en algunos aspectos. Para detener estos embates es fundamental abrir un diálogo con las nuevas autoridades electas. Se debe comprender la importancia de este organismo autónomo, pero, sobre todo, lo fundamental que resulta —para nuestra democracia y Estado de derecho— proteger y garantizar los derechos a saber información pública y a la protección de la privacidad de las y los mexicanos.
Por ello, el INAI y 25 órganos garantes de transparencia locales decidimos hacer pública una carta dirigida a la Dra. Claudia Sheinbaum. Le solicitamos una audiencia por esa vía, de otro modo, creemos que nunca hubiera llegado a sus manos.
¿A qué obedece esto? Vamos a recordar un poco. El pasado 5 de febrero, el titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Congreso un paquete de veinte reformas. Una de estas iniciativas busca incorporar a la Administración Pública Federal las funciones efectuadas por cuatro Organismos Constitucionales Autónomos (COFECE, IFT, INAI y CONEVAL), dos órganos reguladores de energía (CRE y CNH) y un organismo público descentralizado orientado a la política pública educativa (MEJOREDU). No obstante, la experiencia nacional demuestra que no es conveniente que las autoridades sean “juez y parte”.
Al conocer la conformación de las Cámaras Legislativas y ante el discurso que revive la amenaza de retroceder, es el momento de buscar los canales de comunicación. Puentes que hemos solicitado constantemente en la actual administración y se nos negaron.
Hace un par de días escuchamos a la virtual presidenta electa anunciar que esta reforma administrativa no será discutida al menos en septiembre. Confiamos en que, así como se abrirá la conversación de la Reforma al Poder Judicial a distintos sectores sociales (como escuelas, barras de abogados, litigantes, etc.), así sea cuando llegue el momento de la reforma que nos compete y que los organismos de transparencia podamos participar activamente del diálogo.
El INAI es producto de décadas de luchas sociales por acotar el poder político, fortalecer la división de poderes y proteger las libertades de la ciudadanía. Es fundamental mencionar que esta concepción institucional no es excluyente ni se contrapone con una propuesta gubernamental enfocada en la austeridad, el bienestar y la justicia social.
Nuestra labor representa una herramienta para que la sociedad conozca información útil para tomar decisiones vitales, como el retiro digno o el acceso a la salud y a la justicia. Así como conocer cómo se construyen las obras o qué salarios tienen las y los funcionarios de todos los niveles.
Existen áreas de oportunidad. Como lo he propuesto a lo largo de mi gestión como Comisionada, debemos implementar una reingeniería que simplifique la estructura del INAI, que optimice funciones, presupuesto y recursos humanos, y que también vincule con mayor fuerza al Instituto con las personas. Recordemos: es el derecho, la lucha social y las libertades informativas, no es un Instituto.
La legitimidad democrática no se sustenta en la cantidad de personas que apoyan o reconocen la labor de un Instituto, sino en que, a través de dicho órgano, cualquier persona o grupo social puede materializar sus derechos, lo cual nos iguala a todas y todos ante la ley.
