El acceso a la información es un derecho “llave” que nos permite ejercer otros derechos, como el derecho al agua. ¿Qué han hecho las autoridades en México para vigilar las concesiones? ¿Cómo se protegen los acuíferos de la sobreexplotación? ¿Hay presupuesto destinado a combatir la sequía extrema y evitar incendios forestales? Estas preguntas son ejemplos de lo que la sociedad tiene derecho a saber.
La información pública puede salvar vidas, pues se convierte en el arma principal de las autoridades y población para proteger los recursos naturales, así como para prevenir y reaccionar adecuadamente ante fenómenos ambientales.
El INAI tutela dos derechos fundamentales, el acceso a la información y la protección de los datos personales de las y los mexicanos; sin embargo, por omisiones legislativas, desde abril no puede sesionar por falta de quórum. En pocas palabras, si una autoridad pública federal no entrega información que solicita un ciudadano, actualmente el Pleno del INAI está imposibilitado para instruir a que dicha institución o dependencia garantice el derecho a saber de las personas. Este panorama no solo va en detrimento de la transparencia y la rendición de cuentas, también afecta negativamente a la crisis hídrica que enfrenta el país.
De acuerdo con especialistas de la UNAM, el 71% del territorio presenta una presión hídrica alta o muy alta, lo que imposibilita el abastecimiento de nuevas demandas; además, más de 100 municipios registran alta vulnerabilidad a sequías. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 12 millones de mexicanos carecen de acceso al agua potable y 80% de los cuerpos acuíferos en el país tiene algún tipo de contaminación por descargas industriales.
El estudio del IMCO afirma que la zona del Bajío es la más afectada de la República: distintas ciudades de Guanajuato han tenido que recurrir al racionamiento de agua potable; y en Aguascalientes los niveles de las presas están en un 50% por la falta de lluvias. Por si fuera poco, el desabasto de agua está relacionado con los apagones eléctricos sufridos en las últimas semanas en diversos estados del país, esto ante el intenso calor que atraviesa el país desde el mes de junio.
Los datos citados obligan a cuestionar el actuar de las autoridades responsables, y el INAI está para garantizar que lo que la gente pregunte, se conozca. En 2021, bajo propuesta de la ponencia a mi cargo, el Pleno del INAI instruyó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a entregar la totalidad del documento denominado “Política de Operación de Compuertas del Vertedor de la Presa Guadalupe Victoria, “El Tunal”, “Durango”. La ciudadanía tiene derecho a conocer los estudios sobre aquellas zonas detectadas como inundables, así como las magnitudes de las lluvias que se puedan presentar.
De igual forma, el mismo año instruimos a CONAGUA a proporcionar información de las actas de sesiones del Consejo de Cuenca del Valle de México, desde su instalación en 1996 a 2019, la evaluación anual de dicho Consejo y la estrategia de participación ciudadana para la toma de decisiones. Esta información le permite a la población –nada más y nada menos– conocer las políticas acerca del manejo del agua.
Como el derecho a la información, el derecho al agua, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4º, posibilita la realización de otros derechos como: a la salud, a la alimentación, a un medio ambiente sano, entre otros.
Comprender la relación intrínseca entre derechos es fundamental para valorarlos y defenderlos; por ello, la parálisis parcial que atraviesa el INAI, misma que imposibilita la garantía del acceso a la información y de la protección de datos personales, afecta todas las libertades conquistadas desde hace décadas por la sociedad, incluido el derecho al agua.
@JulietDelrio
