Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen varios retos y uno de ellos es resolver si el llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por el actual Presidente de la República, es o no constitucional. Confiamos en que discutan y resuelvan con estricto apego a derecho, sin filias ni fobias de ningún tipo.
El 2 de marzo, el jefe del Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación la iniciativa previamente avalada por el Senado de la República. Con ello se reformaron 429 artículos de 4 leyes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral (El Universal, 2023). Estas modificaciones entraron en vigor el viernes 3 de marzo. Recordemos que el 27 de diciembre de 2022 fue aprobada la primera parte de la reforma electoral, que modificó la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ante este panorama, hasta el 10 de marzo, la Corte ya había admitido a trámite 65 impugnaciones en contra de la primera parte del “Plan B” (6 acciones de inconstitucionalidad y 59 controversias constitucionales). En este mismo sentido, el INE ya presentó dos controversias. En la más reciente, del 9 de marzo, le pide a la Corte que otorgue una suspensión y “en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma” (Central Electoral, 2023).
De igual forma, el Ministro Pérez Dayán ya concedió una suspensión (no con efectos generales), para que los cambios no se apliquen en los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México que se llevarán a cabo a mediados de este año (Reforma, 2023). Se espera que los proyectos de los ministros encargados de las impugnaciones (Pérez Dayán y Laynez) podrían ser discutidos por el Pleno en mayo o junio (El País, 2023).
Cuando la polarización política aumenta y, lamentablemente, las oportunidades para lograr acuerdos y consensos a través del diálogo y la negociación disminuyen, las diferencias deben ser resueltas por el máximo tribunal de justicia del país, la Suprema Corte, que es la última instancia para interpretar y hacer valer nuestra Constitución.
Hoy, la historia y el papel de la Corte tienen más sentido que nunca, pues lo que está en juego es nada más y nada menos que la viabilidad operativa del INE y la calidad de la democracia nacional. Sabemos que hay voces a favor y en contra de las modificaciones al sistema electoral, y que incluso el tema ha movilizado a miles de personas en las calles. Ello no debe ser factor para que impere la ley y que los próximos comicios de 2023 y de 2024 se lleven a cabo bajo un Estado de Derecho fortalecido y no debilitado.
Es innegable que los ministros no son personas ajenas a la dinámica política actual; sin embargo, la imparcialidad y la independencia judicial deben marcar la pauta de su actuar, y sus resoluciones colegiadas deben ser producto de un proceso de deliberación. La Suprema Corte pondrá fin a este asunto de máximo interés público que ha marcado la agenda pública durante los últimos meses. Más que nunca, la sociedad está confiando en el actuar de las instituciones. Tengámoslo en cuenta.
