En el periodo de Enrique Peña Nieto se realizaron sin pena ni gloria diversas modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ( en los años 2013, 2014, 2016), fue a través de adiciones y reformas al artículo 6 en lo que se refiere al derecho público subjetivo de “libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión…” entre otras, en el texto constitucional se especifica que el Estado será quien garantice dicho derecho.
No debemos olvidar que fue uno de los supuestos “grandes logros” de Vicente Fox -así se anunciaba con bombo y platillo-, del que se decía impulsor de la transición democrática con la llegada al poder, ante el inicio de un nuevo siglo y la esperanza de ser diferente a un régimen incrustado por más de setenta años (PRI). Definitivamente, hoy, la mayoría de mexicanos (as), sin discusión alguna, sabemos que Fox fue un fiasco a la nación. Fue en el 2002 que se crea ese organismo descentralizado autónomo, que a través de la transparencia y acceso a la información pública se combatiría a la corrupción; entonces, se denominaba de Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI.
La transparencia en el ejercicio publico gubernamental nunca llego; como sí llegaron, gastos suntuoso destinados al IFAI a cargo del erario público; la creación de un elefante blanco que destinaba cantidades estratosféricas de presupuesto público, hoy denominado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, su opacidad en el ejercicio presupuestal, fue siempre accidentado y jamás visibilizado a propósito de la naturaleza por lo que fue creado, LA TRANSPARENCIA.
Por varias ocasiones antes y siendo presidente Andrés Manuel López Obrador no dejó de cuestionar el desempeño realizado por INAI; de menos a cada vez más recurrente el cuestionado trabajo realizado por el organismo público autónomo, terminó por ser uno de los temas a debate en el pueblo. Discutido desde el papel desempeñado de testado de documentos en el ejercicio de recursos públicos de altos funcionarios de la administración pública federal en el periodo neoliberal (1982-2018), ante la inexistencia en la transparencia y acceso a la información durante ese periodo, es un tema que lo ha hecho suyo una parte de la sociedad. Se ha definido por encubrir grandes estafas o malos manejos en desvío de recursos públicos.
Ante la opacidad y probablemente de complicidad del actuar del organismo autónomo que en dos décadas de su existencia ha dado mucho de qué hablar, una generalidad de mexicanos no advierte oficio, ni beneficio con el INAI u homólogos de las entidades federativas, contrario sensu, su proceder ha sido inútil e inexistente para evitar actos de corrupción; no se advierte beneficio alguno.
El debate iniciado por el presidente AMLO y retomado por la actual presidenta CSP para desaparecer siete organismos descentralizados autónomos, de entre ellos INAI; los comisionados se han mostrado renuentes, seguramente, alentados por la oposición y poderes facticos del sector económico encabezados por Claudio X González, han intentado la no desaparición por varias vías; una de ellas, el acercamiento con la titular de la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela, para suavizar la intensión de la presidenta de México de desaparecer el INAI; no funcionó su estrategia. Días después, la propia presidenta se refirió a dicha reunión, estableciendo una postura firme: desaparecer al INAI. Con todo y su intención de disminuir el presupuesto. Dijo la presidenta: “…ya es muy tarde”.
La Presidenta Sheinbaum Pardo, enfáticamente ha dejado claro que la reforma para desaparecer al INAI, entre otros, es irreversible en días pasados en su conferencia de las mañaneras dijo: “la transparencia van a quedar en la Secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno y vamos a, estamos trabajando una parte de la ley orgánica, pero estamos trabajando para garantizar la transparencia; pero el asunto es, se crea un organismos como este, que esta para garantizar la transparencia que supuestamente, evita la corrupción y en el propio organismo hay he problemas de corrupción; entonces qué habremos a crear otro organismo autónomo que revise que no haya corrupción y que haya transparencia en el INAI, pues no, porque tenemos de garantizar que la ley se cumpla, que haya transparencia y que si no se cumple que haya las sanciones administrativas o incluso en el caso de corrupción, pues penales; pero el INAI he, le hizo una propuesta a la Secretaria para que disminuían sus gastos, pero ahora sí que ya es muy tarde , ya está allí la propuesta en el congreso y que sepan las y los mexicanos que va haber transparencia, sin necesidad de estos actos de corrupción o de mas recursos” .
Paradójico que “un gobierno de derecha como lo es el de Aguascalientes” este a la altura de las decisiones políticas legitimada por los mexicanos, como no lo están haciendo los gobiernos que surgen de las izquierdas (aquellos gobernados por morena y coaligados), y es que el comisionado presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes ITEA ha anunciado la desaparición del órgano local en transparencia y acceso a la información; solo están a la espera de la aprobación a la iniciativa de la desaparición del organismo para iniciar la transición en lo local, es decir ya están preparados, para que una vez sea aprobado por el congreso de la unión adherirse a la política nacional encabezada por la Presidenta Sheinbaum.
Muy al margen de la opacidad de su quehacer, no han logrado transparencia en las administraciones públicas que eviten actos de corrupción, la gota que derramara el vaso, fueron los actos de corrupción de sus propios integrantes del INAI (comisionados/as), actos ampliamente difundidos en medios de comunicación, igual que en las redes sociales, se trataba de actos inmorales como: el uso de tarjetas de crédito de la institución en restaurantes y bares de lujo; el uso de esos plásticos hasta en table dance; que decir de los viajes al extranjero de los comisionados con acompañantes que, por cierto en los informes con que pretende justificar sus salidas, inserta el testado de documentos de sus acompañantes; es decir, ocultan sus nombres, pero eso sí, son a cargo del erario público.
Si bien, nuestra carta magna especifica que “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”; también lo es que, los organismos descentralizados autónomos en sus mas de veinte años de haberse creado, no han cumplido con el mandato constitucional, su actuar ha sido obscuro, además de inmorales que no velan por los intereses generales de la nación.
El artículo 6 de la CPEUM prevé que: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.”
Y es que la varias veces citada Constitución establece que “Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.” Al margen de la existencia o no de un organismo público autónomo, persiste la obligación del Estado a través de sus administraciones Publicas cumplir con el deber de transparentar e informar sobre el ejercicio de los recursos públicos.
En ese orden de disposiciones plasmadas en nuestra carta magna, las estructuras de las administraciones públicas, sean federal, locales o municipales deberán observar el mandato constitucional de garantizar el derecho de accesos a la información; es decir, el Estado debe transparentar el ejercicio de recursos públicos.
El Estado cuenta con capacidad para ser gobierno abierto, transparente y de cara a la sociedad, incluso ante la inexistencia de los organismos de transparencia y acceso a la información propuestos para su desaparición. Lo ha señalado firmemente la presidenta CSP, la función que hasta ahora vienen realizando dichos organismos autónomos, deberán atenderlo las dependencias y entidades de las administraciones publicas (federal, locales y municipales), bajo la supervisión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y/o las homologas de gobiernos locales y municipales y, aquellas que realizan la función de contralores.
Lo ha señalado enfáticamente la presidenta CSP, no estará en riesgo la transparencia, porque habrá de garantizar a través de la recién denominada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
Los organismos autónomos, definitivamente deben desaparecer, son elefantes blancos que no merecemos los mexicanos.
