El valor social de la transparencia es palpable porque el acceso a la información es un derecho ‘llave’ que posibilita el ejercicio de otros derechos humanos. Esto lo he buscado demostrar con mis resoluciones en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Precisamente el caso que expuse la semana pasada en el Pleno del Instituto muestra con claridad el vínculo entre el derecho a saber y el acceso a la salud.
Una persona solicitó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ciertos datos estadísticos sobre médicos con recetarios electrónicos para estupefacientes. Como la autoridad no respondió como lo indica la ley, la persona solicitante interpuso una queja ante el INAI. Después de analizar el caso en mi Ponencia, y de ser votado en el Pleno junto con mis colegas, determinamos ordenar a que COFEPRIS entregue la información. Cabe agregar que COFEPRIS es una de las instituciones que más quejas de respuesta tiene, acumulando solo en mi Ponencia, de 2021 a la fecha, 1,712.
Decidí posicionar este asunto para relacionarlo con un caso reciente que sacudió al país, el de una supuesta “psiquiatra” que recetaba medicamentos sin contar con una cédula médica. Si bien la persona había acreditado estudios en Derecho, afirmaba contar también con cédulas de médico cirujano, médico psiquiatra y psicólogo clínico, todo con datos falsificados.
Como lo reveló un reportaje periodístico, autoridades estatales le otorgaron varios permisos para que ella siguiera dando consulta. Incluso farmacéuticas y distribuidores le entregaban medicamentos controlados para neuropatías (como esquizofrenia o depresiones severas), sin que tuviera una cédula médica. Plataformas digitales conocían de las usurpaciones profesionales de la supuesta doctora, pero fue hasta que la comunidad médica evidenció la farsa que se eliminó su perfil de internet.
La propia Presidenta de la República habló públicamente de este asunto hace unas semanas, calificándolo como fraude grave al involucrar temas de salud y medicamentos controlados. La mandataria hizo un llamado para que la sociedad se informe y denuncie casos similares. Precisamente, el acceso a la información y el Instituto que defiende este derecho a nivel federal, el INAI, contribuye a que las personas demanden información a las autoridades correspondientes y éstas rindan cuentas de su actuar.
Fue COFEPRIS como autoridad sanitaria quien el pasado 7 de noviembre suspendió el consultorio de la supuesta “doctora” por “incurrir en irregularidades graves en su operación”, con posibilidad de denuncias por falsificación de documentos y usurpación de funciones.
Como lo expliqué en el Pleno del INAI, es la misma COFEPRIS quien regula la Plataforma que permite a la comunidad médica tramitar recetarios especiales para estupefacientes y a las farmacias validarlas para su venta. Los estupefacientes y psicotrópicos actúan directamente sobre el sistema nervioso central de una persona. Por ello, su prescripción e indicación deben ser realizadas por un profesional y bajo estricta vigilancia médica.
De este tamaño es la importancia de la transparencia. Si funciona correctamente, a partir de la independencia respecto del poder político y el trabajo especializado, la sociedad puede tener certezas sobre los servicios privados a los que acude, pues significa que hay un Estado que protege a su ciudadanía.
@JulietDelrio
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