El derecho de acceso a la información es fundamental para el periodismo de investigación y para el desarrollo de investigaciones académicas. A mayor información, la sociedad puede observar con rigor científico ciertos fenómenos humanos y sociales, como es el caso de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA).

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), estas intervenciones “incluyen el manejo in vitro de ovocitos y espermatozoides humanos o de embriones para la reproducción”. Para esta organización especializada, el uso de estas técnicas se dio en un primer momento como respuesta a un problema médico, infertilidad o esterilidad; no obstante, en la actualidad es relevante para personas que por diversas razones no pueden lograr un embarazo sin asistencia, como parejas del mismo sexo o personas solas.

La semana pasada, mi equipo y yo en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvimos un caso sobre este tema. Una persona le solicitó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) información sobre las técnicas de reproducción asistida. En específico, quiso saber el número de clínicas u hospitales públicos o privados autorizados en el país para realizar estos procedimientos, así como el tipo de técnicas autorizadas. Lamentablemente, COFEPRIS no entregó la información y por eso la persona acudió al INAI.

El tema es relevante porque, al momento, en México no existe un marco normativo que regule el acceso a estos procedimientos reproductivos y su práctica, lo cual abre la posibilidad de tratos negligentes o discriminatorios en el sector salud. Se necesitan leyes que garanticen la supervisión y acompañamiento por parte del Estado hacia las personas que buscan ejercer su autonomía y libertad reproductiva. No olvidemos que el artículo 4º constitucional indica que todas las personas tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de hijos que quieran tener.

De acuerdo con el Colectivo In-Fértil, la falta de un panorama regulatorio facilita la existencia de abusos, fraudes y riesgos clínicos en nuestro país. Por ello, se requieren normativas claras para fomentar prácticas clínicas seguras, inclusivas y éticas. Un dato del Consejo Nacional de Población refleja la necesidad de la legislación: anualmente en México se practican alrededor de 80 mil procedimientos de reproducción humana asistida.

Por ello es fundamental que una de las autoridades encargadas de la materia entregue a la sociedad la información requerida, esto es, datos sobre centros médicos —públicos y privados— que realizan procedimientos de reproducción asistida y sus técnicas para hacerlo.

COFEPRIS tiene, entre sus atribuciones, la de efectuar el control sanitario de servicios y establecimientos de salud, mediante la evaluación, expedición o revocación de las autorizaciones, incluyendo cuestiones como procuración de trasplantes de órganos, servicios de transfusión sanguínea, servicios de radiología, entre otros, todo con la finalidad de verificar que los establecimientos cumplan con la legislación sanitaria vigente. Aquí se incluye precisamente la reproducción asistida.

La opacidad no solo genera desconfianza de la sociedad hacia las autoridades, sino que puede reflejar vacíos que afectan directamente la calidad de vida de las personas.