Esta semana la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) está siendo auditada por el programa de seguridad de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés). Esta auditoría permitirá que las autoridades estadounidenses determinen si México está listo para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea, misma que perdió el 25 de mayo de 2021, hace poco más de 2 años. Por la seguridad de la población y la garantía de sus derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas deben acompañar todos los procesos que regulen a la aviación en nuestro país.
De acuerdo con medios de comunicación, esta auditoría podría extenderse hasta el viernes 2 de junio, y deben pasar 40 días para que la FAA –una especie de árbitro en la materia– otorgue su veredicto final. Desde que México tiene la categoría 2, las aerolíneas nacionales no pueden abrir nuevas rutas comerciales hacia Estados Unidos, y la frecuencia de viajes entre nuestro país y el vecino del norte ha disminuido.
Según distintos analistas, esto ocasiona que los precios de vuelos se encarezcan y que aumenten los retrasos de los traslados, pues la demanda de viajes no se detiene; además, este contexto ha limitado el crecimiento profesional del personal técnico-aeronáutico, como sobrecargos y pilotos, pues pierden oportunidades laborales.
Recuperar la categoría 1 en seguridad aérea es clave pues implica impulsar el desarrollo económico en nuestro país (por ejemplo, para incrementar el turismo); asimismo, produce certidumbre legal y consolida el Estado de derecho. En su momento, la auditoría realizada en 2021 detectó 39 “no conformidades”, mismas que confirmaron que la AFAC de México no cumplía con estándares internacionales. Actualmente ya se han resuelto 36 de estas inconformidades, y la reforma a la Ley de Aviación Civil permitirá el cierre de las tres pendientes relacionadas con: la supervisión contínua de las evaluaciones médicas del personal de aviación; la autorización de certificados médicos por la AFAC; y el establecimiento de procedimientos específicos para investigar los incidentes aéreos.
A través del derecho de acceso a la información, desde el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) hemos impulsado la necesidad de la transparencia en la industria aeroportuaria así como en la aviación mexicana.
En noviembre del año pasado, el Pleno del Instituto instruyó a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) informar sobre los incidentes aéreos reportados durante el 2022 en los 59 aeropuertos que controla esta institución en el país, y detallar las características de los incidentes y las fechas de los reportes al respecto.
En agosto del mismo año, la Ponencia a mi cargo resolvió otro recurso de revisión en contra de SENEAM, dependencia de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y el Pleno del INAI ordenó a dicho sujeto obligado entregar los documentos oficiales que acrediten que los operadores aéreos están certificados para realizar sus tareas.
Como lo escribí en marzo de 2023 a propósito de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, misma que faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para coordinar la vigilancia y la protección del espacio aéreo en el país: todo cambio en el espacio aéreo mexicano es de interés público de las y los mexicanos.
En ningún momento la seguridad debe ir en contra de la transparencia, por el contrario, a mayor rendición de cuentas de las autoridades correspondientes, mayor será la certeza que recibamos como ciudadanos al momento de subirnos a un avión y emprender nuestro viaje.
@JulietDelrio
