Recientemente fui invitada como testigo de honor a la firma de la Declaratoria de Justicia Abierta entre el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) y el Poder Judicial de la entidad. Así, Aguascalientes se convirtió en el sexto estado en firmar un acuerdo de este tipo.
Junto a este evento que marca referencia en la promoción de la justicia abierta y la transparencia se suma la instalación de un módulo de atención a la sociedad en el Poder Judicial denominado CAS. Este avance posiciona a Aguascalientes como pionero en la implementación de mecanismos que faciliten el acceso a la información, pues es el primer sujeto obligado entre los 7,264 que existen a nivel nacional en aplicarlo.
Desde la publicación de la Ley General de Transparencia en 2015, el Poder Judicial ha participado como sujeto obligado en el cumplimiento de las normas de acceso a la información pública. Esto implica la publicación de información que antes era inaccesible para la ciudadanía, cumpliendo con las obligaciones genéricas y específicas estipuladas en dicha normativa. Sin embargo, la transparencia no debe limitarse a un mero cumplimiento de la ley; su verdadero valor radica en su capacidad para fortalecer el Estado de derecho y fomentar la confianza de la sociedad en sus instituciones.
La justicia abierta se entiende como un modelo que aplica los principios del gobierno abierto—transparencia, participación ciudadana, colaboración y rendición de cuentas— al ámbito judicial. Con ello se promueve un sistema de justicia más accesible y comprensible para todas y todos. Esto no solo mejora la eficacia del sistema judicial, sino que también incrementa la legitimidad y la confianza pública en las instituciones responsables de impartir justicia.
La justicia pronta y gratuita es un pilar que garantiza que todas las personas puedan acceder a los servicios judiciales sin discriminación y en tiempos razonables. Asimismo, la justicia y la participación promueven la creación de espacios de diálogo y rendición de cuentas, fortaleciendo la relación entre la ciudadanía y las instituciones judiciales.
Por eso el nuevo CAS se vuelve relevante, ya que es una ventanilla para escuchar y guiar a las personas cara a cara. Este centro no solo facilita el acceso a la información, sino que también fomenta la participación ciudadana y la colaboración entre la sociedad y las autoridades. A través de esta opción, las y los ciudadanos podrán recibir asesoría y orientación sobre sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales, consolidando así una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
El camino hacia una justicia abierta no está exento de desafíos. Es crucial recordar que la transparencia y el acceso a la información son derechos fundamentales que fortalecen nuestra democracia y permiten a la ciudadanía vigilar y evaluar la actuación de sus autoridades.
Finalmente, quiero remarcar que la participación de la sociedad civil, la academia y las y los profesionales del derecho es importantísima para defender y promover estos derechos. Las mesas de diálogo propuestas en el marco de la Reforma al Poder Judicial son una oportunidad invaluable para construir consensos y avanzar hacia un sistema de justicia más justo y transparente.
La defensa de nuestro derecho a saber y a la protección de nuestros datos personales es una tarea colectiva que nos involucra a todas y todos, y en la que no podemos permitir retrocesos.
@JulietDelrio
