En medio de una aguda crisis de violencia por la disputa territorial de los dos grupos criminales más poderosos del país, en Chiapas inician este domingo su campañas los candidatos al gobierno del estado, a 40 diputaciones del Congreso local y 123 ayuntamientos.
Luego de cuatro alternancias en los últimos 24 años, que iniciaron en el año 2000, cuando todos los partidos políticos opositores en ese momento (PAN-PRD-PT-PVEM-Convergencia-PSN-PCD y PAS) conformaron un gran bloque para terminar con 70 años de gobiernos del PRI, al postular al expriista Pablo Salazar Mendiguchía, en aquella entidad se definirá el próximo 2 de junio si continúa esa tendencia de cambio o si se mantiene Morena, que llegó al poder en la elección de 2018 con el hoy gobernador Rutilio Escandón Cárdenas.
El foco de atención en los comicios chiapanecos, sin embargo, estará en las regiones donde se han presentado hechos de extrema violencia provocados por el control de los corredores de los negocios ilícitos en aquel estado, la puerta de entrada al tráfico de drogas, armas, migrantes y recursos naturales provenientes de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.
Las regiones donde la presencia del crimen organizado tienen encendidas las alertas para las campañas y la elección del primer domingo de junio, y donde incluso el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el desarrollo del proceso electoral, están en Frontera y Sierra, al sur de Chiapas, principalmente en los municipios de Motozintla, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Comalapa, Chicomuselo, Bella Vista, La Trinitaria, Siltepec, El Porvenir, Honduras de la Sierra y Bejucal de Ocampo.
El principal riesgo que se presenta en esta región, no sólo durante la etapa de campaña, sino todos los días, apunta Carlos Ogaz, coordinador de incidencias y del Grupo de Trabajo Región Frontera del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), es que esta disputa territorial entre los cárteles de Sinaloa (CDS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha llevado a “un control prácticamente total de las estructuras criminales en la vida social, que incluyen desde el reclutamiento forzado, la libertad de expresión, el derecho de reunión y el control sobre el cuerpo de las mujeres”.
Es decir, anota el defensor de los derechos humanos, la presencia del Ejército durante el proceso electoral en esta región de Chiapas no garantiza que se detengan los actos violentos y de graves violaciones a los derechos humanos, ya que “en el día a día este despliegue no ha tenido un efecto consistente para frenar la escalada de violencia, e incluso se ha agudizado”.
Otro foco rojo en los comicios de Chiapas, donde compiten por la gubernatura Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM); Olga Luz Espinosa Morales, de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, y Karla Irasema Muñoz Balanzár, por Movimiento Ciudadano (MC), está en la región de Los Altos, específicamente en los municipios de San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula, Chenalhó y Pantelhó.
En la llamada Ciudad Real y en San Juan Chamula, la presencia y actividad de grupos delictivos como Los Motonetos, Sentimientos de la Nación y el Cártel de San Juan Chamula (CSJC), el primer cártel indígena del país, representan otro reto de seguridad para las fuerzas federales, estatales y municipales del estado en dicho proceso electoral.
Hacia el norte, en los municipios de Chenalhó, Polhó y Pantelhó, la violencia y violaciones graves a los derechos humanos que se han registrado desde hace por lo menos tres décadas por parte de grupos paramilitares, organizaciones criminales y grupos que se hacen llamar autodefensas, también representan un factor de riesgo en el proceso electoral.
En Pantelhó, por ejemplo, la disputa entre el grupo El Machete --que en abril de 2021 tomó el control de la alcaldía y desapareció a 19 pobladores-- y organizaciones armadas antagónicas a esa agrupación que se hace llamar de autodefensa, dejó sin autoridades municipales a ese ayuntamiento desde julio de 2023, lo que dio paso a que efectivos del Ejército y la Guardia Nacional se instalaran de forma permanente en la región.
Apenas el 23 de marzo, pobladores de 86 comunidades de dicho municipio eligieron a sus autoridades para el periodo 2024-2027 en una asamblea y advirtieron que no permitirán que se desarrollen las elecciones del próximo 2 de junio en ese ayuntamiento, además de pedir al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y al Congreso del Estado reconocer a los tres miembros del Consejo Municipal que fueron electos en asamblea.
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Ante esta situación, el Instituto Nacional Electoral solicitó a la Sedena, la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas protección para sus capacitadores electorales, quienes están a cargo de notificar a los ciudadanos elegidos como funcionarios de casilla para los comicios.
En la elección de 2018, Chiapas fue el cuarto más participativo en las urnas, al registrar la asistencia de 68.45 por ciento de la lista nominal, solo detrás de Yucatán, Ciudad de México, y Campeche.
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