La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac) lamentó la reciente publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes del decreto mediante el cual se prohíbe en la entidad el uso y distribución de bolsas, platos, vasos, cubiertos de plástico, envases unicel y popotes de plástico, siempre que no sean biodegradables o de tela.
Las modificaciones a la Ley de Protección Ambiental atentan contra la economía del estado, al estar en juego 3 mil 822 empleos, el cierre de más de 80 empresas que ya se encuentran vulnerables con la crisis sanitaria actual y la pérdida de 4 mil 342 millones de pesos. Por lo que, dejar como únicas opciones la biodegradación o tela, sería un error tanto ambiental como económico.
La Anipac lamenta que haya buscado acercamientos con la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, así como con la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Congreso del Estado, esto, con la finalidad de abordar temas de sustentabilidad, estudios técnicos, así como propuestas sostenibles para mejorar el uso y manejo de residuos plásticos en Aguascalientes, pero no obtuvo respuesta alguna a sus planteamientos.
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En materia de impacto ambiental, la asociación sostiene que el verdadero problema radica en el manejo y disposición de los residuos, no de los materiales, y se puede resolver a través del trabajo colaborativo entre industria, sociedad y gobierno, así también proporcionando alternativas, incentivos y mejorando la educación y concientización hacia el mejor uso de los productos.
La Anipac considera que es necesario basar cualquier iniciativa medioambiental en información científica, para evitar que las posibles soluciones puedan tener efectos con mayores impactos ambientales que los que se pretenden corregir.
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La industria ha reiterado en incentivar el reciclaje, el uso de materiales con contenido reciclado, la reutilización, los planes de manejo, así como la importancia de la separación de residuos desde la fuente. Dichas propuestas están en función de los proyectos legislativos federales que se encuentran en discusión en el Congreso de la Unión, los cuales reforman la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
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