Oposición del sector empresarial a que los ayuntamientos continúen cobrando el derecho al alumbrado público el próximo año, pues aunque las finanzas municipales deben fortalecerse, no es mediante un gravamen ilegal como deben hacerlo.
Juan Manuel Ávila Hernández, presidente de la Coparmex en Aguascalientes, recordó que aunque han cambiado el nombre –en 2020 pasó de DAP a SIIM– y la forma en que se calcula este tributo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido en diversas ocasiones que este gravamen es inconstitucional, porque no es competencia de las autoridades municipales.
Consideró que es un gravamen que afecta a la economía de las empresas y los hogares; añadió que los ayuntamientos tienen otras alternativas, como combatir la evasión en lo referente al pago de las licencias municipales y del predial; con una mayor eficiencia recaudatoria en ambos rubros, pueden allegarse de mayores recursos.
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Por su parte, Humberto Martínez Guerra, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Aguascalientes, también expresó su rechazo a este impuesto, porque en el sector productivo afecta a las empresas y negocios que están en la formalidad, pues lo ambulantes en muchas ocasiones usan diablitos y no pagan por la electricidad, en consecuencia, tampoco aportan el derecho al alumbrado público.
Sostuvo que las autoridades municipales tienen otras formas de acceder a mayores recursos, por ejemplo, imponer un cobro de derechos a los comercios informales, pues en muchas ocasiones no se les impone ninguna cuota por actividades, como comercializar sus productos en la vía pública.
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Ambos coincidieron en señalar la necesidad de que los gobiernos municipales fortalezcan sus finanzas y recaudación, pero esto combatiendo la evasión y fomentando la formalidad, no con gravámenes anticonstitucionales, pues de esta forma la ciudadanía tendrá acceso a mejores servicios públicos.
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