El combate al outsourcing por medio de una iniciativa de ley tendrá pocos beneficiarios directos, pues se estima que en todo el país hay un aproximado de 800,000 trabajadores que laboran bajo esquemas de subcontratación ilegal, algunos de los cuales podrían formalizarse de aprobarse la propuesta de ley, pero habrá otros que simplemente pasarán al mercado informal.

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Alfredo Franco Hernández, presidente del Colegio de Contadores Públicos, comentó que según estadísticas del Inegi, en México hay 4.6 millones de trabajadores contratados bajo el esquema de subcontratación, de los cuales más del 80% cuentan con todas las prestaciones de ley, porque hay un outsourcing legal.

Manifestó que con la iniciativa seguirá existiendo un problema de falta de acceso a prestaciones dentro del mercado laboral, pues de 55 millones de personas, un aproximado de 28 millones trabajan en el sector informal, los cuales continuarán sin seguridad social o acceso a una pensión al momento de retirarse de la vida laboral; la subcontratación ilegal apenas representa el 1.5% de la población económicamente activa.

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Alfredo Franco puntualizó que la iniciativa hará necesaria una migración contractual, porque las empresas ya no podrán hacer deducibles facturas por el concepto de outsourcing, por lo cual deberán contratar de manera directa a estos empleados; las únicas excepciones serán servicios especializados, como la seguridad privada, que implican un registro ante las instituciones de seguridad.

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Laura es testimonio de vida de la Clínica de Rehabilitación 'Promesas de Vida'

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