En coordinación con autoridades federales, órganos electorales estatales, así como representantes de las diversas fuerzas públicas, se comprometieron a blindar el proceso electoral con respecto a actos anti democracia, mediante el acuerdo por la integridad electoral, que se firmó en las entidades en las que se renovará la gubernatura el próximo 5 de junio.
Al respecto, Luis Fernando Landeros Ortiz, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, refirió que el principal objetivo del acuerdo es “garantizar o blindar lo que resta del proceso electoral, sabemos que va aventajado pero la idea es crear el compromiso fortaleciendo la democracia y conducirse con los marcos de derecho, es una iniciativa con la idea de blindar el desarrollo de los procesos, ante situaciones que erosionan la sana democracia, corrupción, discriminación, violación de derechos humanos, la idea es coordinarnos toda la familia local y federal en voz del desarrollo sano de las elecciones”.
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A través del acuerdo, las autoridades administrativas y jurisdiccionales refrendaron su compromiso de dar certeza y legalidad además de estrechar los lazos de coordinación interinstitucional para afrontar los retos del proceso electoral.
Por su parte, las dirigencias y representaciones de los partidos políticos se pronunciaron a favor de la civilidad durante la contienda, a fin de evitar actos de violencia y delitos en la materia.
Asimismo, el funcionario refirió que además del acuerdo de integridad electoral, se creó un convenio en que se realizó la rúbrica del convenio de colaboración entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Aguascalientes.
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El convenio tiene como objetivo conjuntar experiencias y esfuerzos entre las instituciones para implementar proyectos encaminados a consolidar buenas prácticas en materia electoral, entre las que destacan: capacitación y profesionalización de las personas servidoras públicas, vinculación relativa a la justicia digital, acciones afirmativas para grupos de atención prioritaria, tribunal abierto, ciudadano y digital, institucionalización de la perspectiva de género y de la igualdad de derechos así como orientación hacia mecanismos alternos de solución de controversias.
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