Certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias en Aguascalientes

Autoridades de los tres niveles de gobierno emprenden acciones para unificar criterios y procedimientos para regular asentamientos humanos en la entidad

Giovanni Góngora | El Sol del Centro

  · miércoles 13 de abril de 2022

Cortesía | Gobierno del Estado de Aguascalientes

Que las familias de Aguascalientes cuenten con certeza sobre su patrimonio y ocupen viviendas con las condiciones adecuadas para el desarrollo de una vida digna, es el objetivo de los trabajos que se realizan desde el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Catastral (SEGUOT).

Así se hizo patente durante la reunión que el gobernador Martín Orozco Sandoval sostuvo con funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno para continuar las acciones para unificar los criterios y procedimientos de regularización de asentamientos que existen en el estado.

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En este encuentro, el mandatario estatal comentó que en esta administración se han regularizado asentamientos humanos irregulares ubicados en el municipio de Jesús María y Calvillo. Además, se realizaron autorizaciones en la regularización por ocupación de las reservas de crecimiento ejidal en Salto de los Salado, la Guayana y Jaltomate.

Con esto, refirió, se logra en primer lugar dar certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias, acercar los servicios públicos municipalizados y conocer las condiciones geofísicas para evitar daños por algún desastre natural.

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Además, se presentó el “Visor Digital” de consulta del Inventario de los Asentamientos Humanos Irregulares de todo el estado, base de datos conformada por un total de 245 asentamientos irregulares que permite avanzar de forma objetiva en la meta de brindar confianza jurídica a las personas sobre sus casas y terrenos.

En la reunión estuvieron presentes Carolina López López, titular de la Seguot; el secretario de Desarrollo Urbano Municipal, Jaime Gallo Camacho; así como autoridades de las delegaciones en Aguascalientes del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus) y la Procuraduría Agraria.


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