Autoridades de Aguascalientes no tienen un respeto absoluto por el Derecho a la Privacidad, al realizar presuntas acciones de espionaje e intercepción de comunicaciones, principalmente telefónicas, en contra de activistas y opositores políticos e la entidad.

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De acuerdo a los resultados pormenorizados del Índice del Estado de Derecho en México 2019-2020, realizado por World Justice Project, el cual mide el desempeño de las 32 entidades del país y que fue dado a conocer en el transcurso de los últimos días, Aguascalientes es una de las entidades donde se registra una de las mejores evaluaciones a nivel general, sin embargo persiste la percepción de que la autoridad no respeta la privacidad de los ciudadanos, especialmente si éstos son opositores al régimen.

En este sentido, durante los primeros meses del presente año, diputados locales denunciaron haber encontrado micrófonos en el interior de sus oficinas del Poder Legislativo, en un caso sobre el cual nunca se abrió una investigación de manera oficial.

Heder Pedro Guzmán, vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Morena, coincidió con los resultados del estudio internacional, al advertir que a nivel estatal no existe ley que permita sancionar este tipo de actividades ilegales.

Hay un vacío en Aguascalientes en el tema de espionaje a funcionarios públicos, a empresarios y políticos, sobre todo los que no están a favor de los gobiernos en turno. En el Congreso se dio una situación similar, que aparecieron muchos micrófonos en oficinas de distintas diputadas. Desafortunadamente mientras las compañeras o el sector que se vea afectado no se atrevan a denunciar, esto va a seguir siendo el pan de cada día, esto es una delincuencia organizada al final del día, porque el espionaje a nivel federal está tipificado como un delito, solo nos falta aterrizarlo aquí en Aguascalientes.

Heder Pedro Guzmán, Vicecoordinador de la fracción parlamentaria de Morena

Para Jesús Figueroa Ortega, fiscal general de Aguascalientes, este indicador no tiene razón de ser, cuando menos en el caso del órgano de procuración de justicia a su cargo, toda vez que ellos no tienen capacidad tecnológica para llevar a cabo este tipo de actividades.

No sé si alguna otra institución en el estado -lo lleve a cabo-, pero al menos la Fiscalía no tiene una labor de ese tipo. Nosotros las labores que hemos realizado en ese sentido han sido las que la propia ley nos otorga, que es pedir a las propias compañías de telefonía que se realicen algunos actos y en los dos años que tengo al frente de la FGE, nunca se ha hecho una operación en base a intervención de llamadas telefónicas fuera del marco legal (…) nosotros no somos una institución que pueda autorizar la intervención de las comunicaciones y evidentemente yo no tengo opositores políticos, cuando se ha actuado en contra de ex servidores públicos, ahí están en las carpetas los datos de prueba que hemos encontrado y en ninguno vas a encontrar que se intervino su teléfono por esta causa

A nivel local, en los últimos meses se dio a conocer públicamente un caso de intervención telefónica oficial en contra de quien fuera director de la Policía Ministerial del estado, René Carrillo, quien actualmente se encuentra privado de su libertad y sujeto a proceso acusado de la presunta comisión del delito de Desaparición Forzada.

Sobre el particular, Figueroa Ortega, explica que tanto la escucha de la línea telefónica del entonces funcionario ministerial, como la solicitud para proceder a ello, corrieron a cargo de la FGR,

las comunicaciones que se intervinieron en este caso, no fueron por parte de la Fiscalía del estado. No hay otro caso similar y aquí no fue la Fiscalía de Aguascalientes, la que practicó ese tipo de intervenciones.

Jesús Figueroa Ortega, Fiscal general de Aguascalientes

El Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 se compone de ocho indicadores de adhesión al Estado de Derecho, con base en las experiencias y perspectivas de 25 mil 600 ciudadanos mexicanos y dos mil 600 expertos en temas de justicia, con una metodología utilizada por el Word Justice Project desde hace más de 10 años en 120 países.

30,000

Personas dan sus puntos de vista a nivel nacional para la conformación de este indicador

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