Luego que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de desechar la Ley 3 de 3, que establece que no podrá ostentar un cargo público aquella persona que sea deudor alimentario, activistas, comisionados y diversos actores políticos han manifestado su postura al respecto e incluso han solicitado la destitución de Rosario Piedra, ombudsperson nacional.
Por su parte, Yessica Pérez Carreón, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijo que espera que la SCJN rechace dicha acción y favorezca a las mujeres; “yo esperaría en atención a las últimas resoluciones que ha atendido la corte, que han sido protectoras y de mucho entendimiento respecto a la violencia de género, la violencia sistemática y la discriminación; esperaría que sea protectora de los derechos humanos de las mujeres”.
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La ombudsperson mencionó que la SCJN ha emitido posicionamientos sobre algunas legislaciones que prevén restricciones para el acceso a un cargo público al ser deudores alimentarios o por tener antecedentes de responsabilidad en delitos específicos, por lo que no debe ser una limitante.
Asimismo, reiteró con respecto a esta ley, que el interés superior de la niñez es una de las prioridades que se deben atender y observar, al momento en que se analizan reformas o acciones en los que se afecta o no a este sector poblacional.
Finalmente, en cuanto a la iniciativa presentada en el Congreso local, con respecto a la Ley 3 de 3, mencionó que es necesario que se analice el avance de la propuesta; cabe señalar que en el Estado de México, en Oaxaca, Chihuahua, Jalisco y Yucatán, es ley que para aspirar a cargos de elección, no deben tenerse antecedentes, investigaciones, procesos o condenas por violencia doméstica, agresión sexual o deber pensión alimenticia.
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