En conferencia de prensa, los licenciados Carlos Alberto Mier Domínguez y Carlos Javier Alvarado Garza, abogados litigantes de profesión, señalaron que es fundamental que el actuar de aspirantes, candidatos, autoridades y dirigentes de todas las fuerzas políticas se apegue al marco jurídico vigente.

En este sentido, los profesionistas, expresaron su preocupación ante las irregularidades que se han detectado en el proceso de renovación de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) y en específico se refirieron al registro de Javier Luévano Núñez, quien en la pasada legislatura se desempeñó como diputado federal por Aguascalientes.

Cabe recordar que, en los pasados comicios federales, Luévano Núñez fue aspirante para reelegirse en el cargo como diputado plurinominal para representar a la comunidad indígena Chicahual en el estado, sin embargo, un miembro del citado grupo indígena impugnó su registro ante el Tribunal Electoral al ser desconocido por los integrantes de dicha comunidad como su representante.

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Posteriormente, y luego de la impugnación, trascendió ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que el registro de Javier Luévano fue obtenido mediante el uso de un documento falso, tanto en contenido como en firma, por lo que su registro fue revocado.

Se acreditó por diversos medios legales que la comunidad indígena Chicahual no dio u otorgó su representación a Javier Luévano, ni fue firmado de puño y letra dicho documento por el denominado Chicahual Mayor

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Los abogados dijeron desconocer la identidad de quien o quienes falsificaron la firma y el documento que Javier Luévano utilizó para solicitar su registro ante el PAN, instituto político que a su vez recurrió a éste para registrar su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Asimismo, solicitaron a las autoridades correspondientes investigar a fondo esta situación para que se aclare y se deslinden responsabilidades o bien, actúen en consecuencia para que se aplique todo el peso de la ley en caso de existir algún delito que pudiera alterar el proceso de renovación de la dirigencia del PAN y, por ende, la elección de Gobernador del Estado.

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