Empresas del sector energético alistan amparos en contra de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, informó Juan Manuel Ávila Hernández, presidente estatal de la Coparmex, quien añadió, por confidencialidad, no pueden divulgarse los nombres de las compañías que ya alistan estos recursos.
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Estos procesos jurídicos estaban detenidos, pero con la publicación de la reforma a la legislación el pasado martes en el Diario Oficial de la Federación, se espera que en próximos días las compañías presenten los primeros amparos; la información fue confirmada por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec).
En Aguascalientes existen un total de ocho centrales fotovoltaicas en operación, otros dos complejos solares están en proceso de construcción, mientras que uno más se encontraba en trámites para obtener los permisos e iniciar su edificación, pero han detenido este proceso porque “las nuevas regulaciones sí les afectarían directamente”, señaló la Sedec.
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Juan Manuel Ávila detalló que cada empresa definirá su estrategia jurídica a seguir, hay algunas que fueron construidas en sociedad y es probable que apuesten a tramitar el amparo de manera particular; otras pertenecen a consorcios que cuentan con varios complejos de generación de electricidad en el país, por lo que interpondrían un recurso por todas las plantas que tienen en operación.
Consideró que con los antecedentes del decreto en materia energética, el cual fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las empresas que se vean afectadas con las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica podría animarse a interponer recursos jurídicos, “porque es una ley que jurídicamente tiene contradicciones con otros mandatos constitucionales”.
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Para concluir, el presidente estatal de la Coparmex manifestó que la iniciativa privada espera que organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presente una controversia constitucional, y que grupos ambientalistas interpongan otro tipo de recursos en contra de las nuevas disposiciones.
AMBIENTALISTAS
Y Cofece podrían interponer otro tipo de recursos
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