Con diecinueve votos a favor, una abstención y uno en contra fue aprobada por el congreso del estado la iniciativa propuesta por la Gobernadora Tere Jiménez para reformar y adicionar diversas disposiciones al código penal para el estado de Aguascalientes y crear un tipo penal autónomo de sabotaje al fin de proteger la infraestructura y el equipamiento destinados a la prestación de servicios públicos.
Por tanto, la iniciativa de estudio busca proteger la salud y el bienestar de la ciudadanía en general previniendo de esta manera la continuación de actos de vandalismo a la infraestructura del estado, ya que se ha visto gravemente dañada y afecta a uno de los derechos fundamentales de mayor calado que es el del acceso al agua potable, entre otros servicios, lo que a su vez causa una grave afectación al derecho de la salud de toda la población de Aguascalientes.
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Asimismo, el sabotaje, se describe como las acciones que consisten en dañar o destruir la infraestructura pública o equipamiento destinada a la prestación de servicios públicos, estatales o municipales con el fin de suspender o afectar los servicios y funciones.
Servicios de salud, educación, la prestación del servicio de agua potable, drenaje o alcantarillado, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento o disposición final de residuos de las funciones de las dependencias municipales, del estado, organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal o sus instalaciones.
Por lo anterior, resulta necesario tomar las medidas para garantizar el acceso al agua en términos de la Constitución federal y en consecuencia al acceso a la salud mediante la creación del tipo penal de sabotaje que proteja de menoscabos a la infraestructura y el equipamiento destinado a la prestación de los servicios públicos
De la misma manera se busca que aquellas personas que incurran en esta conducta puedan ser sujetas de prisión preventiva oficiosa al tratarse de un hecho grave que atenta contra la salud y de otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, cumpliendo de esta manera los requisitos de procedencia previstos en el tercer párrafo del artículo 167 del código Nacional de procedimientos penales y el segundo párrafo del artículo 19 de la constitución política de los Estados mexicanos, lo anterior con el fin de brindar la máxima protección a las estructuras, insumos que hacen posible el acceso al agua, y por lo tanto el acceso a la salud para los habitantes del estado garantizando de esta manera sus derechos humanos más básicos.
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Ante ello, le diputade morenista Juan Carlos Regalado Ugarte expuso en el pleno un posicionamiento mediante el cual, lamentó que se sigan violando los procesos legislativos por parte del ejecutivo, “no es posible que nos esté utilizando como una especie de oficialía de partes y que se violen de esta manera los procesos, este iniciativa fue turnada el 26 de octubre y hoy 1 de noviembre ya fue dictaminada en comisiones y subida al pleno legislativo. Es importante que la ciudadanía sepa cuál es el verdadero objetivo de esta iniciativa, ya que no busca proteger la infraestructura urbana, lo que no se mencionó en el dictamen y que sí está en la iniciativa es que la fracción segunda de este nuevo tipo penal de sabotaje habla específicamente de suspender o afectar a servicios y funciones de las dependencias del estado, organismos públicos, descentralizados, empresas de participación estatal o sus instalaciones, es decir, ata de manos a la ciudadanía para que no pueda manifestarse cuando los servicios públicos no estén en sus debidas funciones o cuando simplemente la ciudadanía no esté de acuerdo con lo que cualquiera de las dependencias o cualquiera de los niveles de gobierno estatales o municipales están realizando”, reiterando que su voto fue en contra.
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