En conferencia de prensa, Manuel Medina Ortega, presidente del Frente Lucha Campesina señaló que los ejidatarios de los 182 ejidos que existen en Aguascalientes promoverán amparos para evitar que entre en vigor el acuerdo que emitió el pleno del H. Tribunal Superior agrario que modifica la competencia territorial del Tribunal unitario agrario con sede en la Cuidad de Guadalupe Zacatecas y el término de las funciones del diverso 1A con sede en Aguascalientes.

En ese sentido, el líder campesino argumentó que esta determinación es un vil atraco a los derechos de los campesinos que atenta contra el campo, “lo único que tiene es sustento político y económico, lo hacen para ahorrarse presupuesto, pero para el gobierno y el presupuesto para los ejidatarios en dónde queda”, cuestionó.

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Por tanto, agregó que, los argumentos que están dando es que no se justifica la existencia del tribunal en Aguascalientes porque no hay los suficientes expedientes que atender, sin embargo, comentó que, existen trámites que están actualmente en revisión y desplazarse a Zacatecas contempla varios factores tanto por la inseguridad como gastos y tiempo.

Medina Ortega, subrayó que, este acuerdo entra en vigor a partir del 31 de mayo en donde la jurisdicción territorial que abarca los municipios de, Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepezalá estarán siendo atendidos en Guadalupe Zacatecas, no obstante, en estos días se estarán movilizando para emprender diferentes acciones y evitar que este entre en vigor.

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Por su parte, Cecilio Ávila García, líder de la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos, (CIOAC) recalcó que, “haremos todo lo que se nos permite por la vía pacífica, vamos a recurrir al amparo y si hay necesidad de manifestarnos y movilizarnos lo estaremos haciendo, necesitamos informar a la gente del campo sobre lo que está pasando, este gobierno quiere aniquilar al campo desde el punto de vista económico, social, jurídico porque afecta a la propiedad social que es el ejido y a sus comunidades”, subrayó.

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