El diputado local Salvador Pérez Sánchez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Social del estado de Aguascalientes, con el claro propósito de lograr que los municipios cuenten con mayores facultades y atribuciones para instrumentar y aplicar políticas sociales en beneficio de la ciudadanía.
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Dicho legislador del PAN, por el V Distrito electoral, quien está en vísperas de rendir su II informe de actividades parlamentaria señala que, de igual manera, con esa propuesta se logrará llegar a una cobertura más amplia de la población en situación de vulnerabilidad y la disminución de la exclusión y la desigualdad en la provisión de bienes y servicios.
Permitirá de igual forma que las acciones sean guiadas por un diagnóstico que permita identificar las necesidades y carencias de la población con objetividad, en aras de identificar el problema y encontrar e implementar la mejor solución, para finalmente evaluar las acciones instrumentadas y que no sea vista como solo un conjunto de acciones aisladas sin un propósito específico; así como lograr que se aseguren las condiciones mínimas de bienestar en la población a través de acciones continuas y sistemáticas.
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El proyecto de decreto consiste en adicionar la fracción XIII del artículo primero y reformar el artículo 33 de la mencionada legislación.
Sin embargo consideramos asimismo que lo anterior, no se cumple con la reforma que pretende el iniciante a la fracción X del artículo 33, ya que la misma pretende dar facultad a los municipios de esta entidad de promover el debate y la concertación entre los diversos actores sociales en la búsqueda de soluciones a los problemas del desarrollo social; lo que en primer término de ninguna forma permite llegar a una cobertura más amplia de la población en situación de vulnerabilidad y la disminución de la exclusión y la desigualdad en la provisión de bienes y servicios, ni que las acciones sean guiadas por un diagnóstico que permita identificar las necesidades y carencias de la población con objetividad, ni mucho menos asegurar las condiciones mínimas de bienestar en la población a través de acciones continuas y sistemáticas, aunado a que dicha acción no se contempla armónicamente como facultad de los municipios en la propia Ley General de Desarrollo Social.
Por otro lado, también se considera viable la propuesta del iniciante relativa a establecer y esclarecer la competencia y facultad de los municipios en materia de políticas públicas de desarrollo social pues con ello se otorga a los ayuntamientos del estado competencia y facultad para diseñar e implementar políticas públicas, más aún en un marco de crisis económica donde los recursos son escasos, pues con ello sin lugar a dudas se logrará una adecuada planificación estratégica de las políticas públicas, que a su vez esté en línea con los recursos económicos y humanos disponibles para los municipios.
EL DATO:
Uno de los objetivos es que las políticas públicas estén debidamente planificadas y se disponga de los medios suficientes para llevarlas a cabo