Luego de la aplastante elección de Francisco Martín Muñoz Castillo como auditor del estado, el nuevo funcionario tiene toda la autoridad moral y las facultades para llevar a cabo una revisión a fondo de cuáles auditores cumplen con el perfil y quiénes deben ser sustituidos.

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Enrique García López, diputado integrante de la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado refirió que, si bien no debe ponerse en marcha una cacería de brujas, sí se tiene el reto de reformar el organismo, tanto en su estructura como de manera orgánica.

Recordemos que las últimas dos cuentas públicas han sido un tema debatible porque el propio Órgano no ha tenido las modificaciones que debería tener y no se ha concretado la armonización de la ley federal con la local, pero lo más importante es que se termine de una vez por todas con todos los malos funcionarios al interior del Osfags y ese será el reto más importante, llegar hacer una validación, un diagnóstico, que no le llevará más de un mes y hacer una transformación integral que deberá ser avalada por la mayoría de los miembros de la Comisión de Vigilancia

Recordó que de manera reiterada se ha señalado que algunos de los integrantes de ese órgano podrían no cumplir con el perfil para el cargo que desempeñan, lo que ahora podrá ser revisado.

García López recordó por otra parte que, el pasado jueves fueron aprobadas por unanimidad, reformas tendientes a que todos los trabajos de revisión y auditoría al gasto del gobierno del estado, ayuntamientos, Congreso y organismos públicos desconcentrados, se lleven a cabo de manera digital.

Esto nos da también una garantía de que las auditorías serán mucho más eficientes en una primera instancia y que ya no tendremos que regresar a la era de los voluminosos expedientes de papel, sino que ahora todo será por mecanismos digitales.

Enrique García López, Diputado de la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado

De la misma manera, se realizaron modificaciones a los tiempos establecidos para la revisión de las cuentas públicas que establece un plazo para el próximo análisis hasta el mes de febrero de 2021, lo que permitirá realizar una revisión puntual y sin tintes políticos.

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