La ciudadanía será las más afectada por los cambios legislativos que avaló la Suprema Corte en materia eléctrica, pues es probable que vayan a derivar en sanciones comerciales para el país, ello, en el mediano plazo implica una caída en los recursos públicos, pero también se prevé una escalada en las tarifas de la electricidad y una escasez que podría incrementar en el número de apagones.

Juan Manuel Ávila, presidente estatal de la Coparmex, refirió que aunque la mayoría de los ministros de la Suprema Corte consideró inconstitucional la legislación, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para declararla como tal, lo cual pone riesgo el cumplimiento de los acuerdos internacionales, y en consecuencia, que se interpongan demanda en contra del Estado Mexicano.

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Recordó que la decisión de los ministros no invalida los amparos ya interpuestos; “todos los amparos siguen en curso, serán deliberados en tribunales y lo más seguro es que el voto de siete ministros sea utilizado por los juzgadores y en ese sentido voten estos amparos, los recursos legales que están en curso”.

Juan Manuel Ávila recordó que desde que fueron aprobados los cambios a la legislación, la Coparmex ha manifestado que dicha normativa atenta contra la libre competencia, la concurrencia económica, genera incertidumbre en el mercado y pone en riesgo los tratados internacionales.

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Lamentó que en materia energética, las autoridades federales estén optado por ir en sentido contrario a la tendencia energética en el mundo, pero también a la Constitución, por ello, los argumentos que presentaron los siete ministros que la consideraron inconstitucional serán relevantes para sustentar los amparos.

“El costo que ha tenido esta toma de decisiones, de cara un entorno agreste, donde la inseguridad se sigue desbordando, donde las acciones del Gobierno Federal no son precisamente las que están encaminadas al desarrollo y al progreso, estas son las consecuencias de las malas políticas públicas”, concluyó el presidente estatal de la Coparmex.

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