Luego del escándalo mediático en el que se ven involucradas instituciones como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Fiscalía general del estado y el ISSSSPEA, el Observatorio ciudadano electoral y de gobierno exhortaron a la gobernadora, que en su carácter de primera figura política, máxima responsable del correcto funcionamiento de la administración pública estatal, asuma directamente este asunto público como el más importante reto de su administración hasta el momento, dadas las implicaciones financieras y sociales que representa.
En conferencia de prensa, la presidenta del Observatorio, Socorro Ramírez señaló que nunca se había puesto en la palestra un asunto que destacara la responsabilidad de los servidores públicos, los límites es su actuación, el uso indebido o debido de sus funciones, la posible corrupción en su conducción y el alcance a los diferentes niveles del gobierno del estado, por tanto, “el llamado es a que la gobernadora de la entidad, aproveche esta ventana de oportunidad para dejar bien claro un mensaje sobre el correcto ejercicio de la función pública, el manejo prístino de las finanzas estatales y principalmente sobre la absoluta intolerancia a la corrupción”.
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Añadiendo que, al intervenir Tere Jiménez, “estará sentando un precedente muy importante en el desarrollo de la función pública, así como un ejemplo de que la integridad del servicio público puede lograrse cuando se tiene una estadista al frente del gobierno”, reiteró.
Los integrantes de dicho organismo comentaron que, según las declaraciones hechas por el diario español, la suma del dinero público estatal puesta en bonos basura estaría bordeando los 500 mil millones de pesos, cantidad que, de actualizarse y comprobarse, causaría un impresionante boquete a las finanzas públicas.
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Por tanto, “semejante suma de dinero causa daño financiero público y en el efecto social al conocerse el fraude señalado es exponencialmente lascivo a la confianza ciudadana en las instituciones participantes, eso da un constante cuestionamiento sobre las aristas legales del asunto sobre la responsabilidad de cada uno de los eslabones de las cadenas de mando y sobre el nivel de corrupción de los servidores públicos involucrados”.
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