La Organización Conversa Sur, A.C hizo un llamado a los gobiernos municipales, estatales, y desarrolladoras de vivienda a que vean este mercado como un derecho humano y no tanto como un negocio.
En ese sentido, Alejandro Larios Barrios, presidente de dicha organización, señaló que, actualmente los discursos de las autoridades y empresarios se enfocan en cómo facilitar las inversiones y que haya nuevas construcciones, lo cual está llevando al tema de la financiarización, en la que la vivienda se está convirtiendo en activos financieros y se construye sólo con fines económicos, sin antes revisar cómo se está impactando a la sociedad.
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Subrayó que es muy importante, realizar un análisis sobre qué es lo que necesita la gente y no qué es lo que necesitan los inmobiliarios y desarrolladores.
Añadió que existen grandes riesgos al pensar en ampliar la urbanización, ya que se tiene el ejemplo de la zona oriente de la ciudad, en donde difícilmente se atienden las necesidades de servicios públicos al cien por ciento.
No es lo mismo aprovechar el espacio en las zonas urbanizadas en donde ya existe drenaje, agua, transporte público, escuelas, hospitales, que ampliarse y extenderse a otros lugares, creemos que será muy difícil que se consoliden estos servicios, solo por mencionar algunosAlejandro Larios Barrios, presidente de La Organización Conversa Sur, A.C
Larios Barrientos, destacó que, como asociación civil, “lo que promovemos que en toda toma de decisión pública que se realice, se tome en cuenta la ciudadanía, especialmente a las organizaciones sociales que se preocupan por estos temas, por tanto, buscamos que las decisiones que se tomen sean basadas en las problemáticas que existan, en qué momento se le ha preguntado a la gente qué es lo que necesita, pero sí se le pregunta a las cámaras empresariales, y no hemos visto ningún estudio serio en donde se vea cuál es la problemática de vivienda, cuál es la necesidad real de la gente, si necesita mayores créditos, apoyos para su vivienda y qué alternativas hay”, cuestionó.
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Comentó que desde la organización se metió un amparo en contra del Código Urbano y se está en espera de la resolución, ya que consideran que se están poniendo en riesgo los espacios públicos y se reducen las áreas de donación, además de que no se está incluyendo a las Asociaciones Civiles en los comités y consejos en donde se toman las decisiones y se aprueban los conjuntos habitacionales, lo cual apunta a que solamente los actores privados sigan aumentando su riqueza sin tomar en cuenta el bienestar de la sociedad civil.
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