El exsecretario de Finanzas, Raúl Gerardo Cuadra García, cargo que ocupó durante la administración del exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat, fue encontrado culpable por el delito de peculado en agravio de la administración pública de la entonces Secretaría de Gestión e Innovación y de la Secretaría de Finanzas del estado de Aguascalientes (Sefi).
La pena privativa de la libertad consiste en dos años y tres meses en prisión, además del pago de 81 días de multa a favor del Fondo para la Administración de Justicia del Poder Judicial del estado. El tribunal también determinó su inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público durante un año. Aunado a esto, pagará la reparación del daño por la cantidad de 70 millones 728 mil 873 pesos con 52 centavos.
La noticia salió a la luz durante el 2011, cuando un servidor público presentó la denuncia correspondiente ante la autoridad Ministerial, luego de una auditoría por parte de Gobierno del estado, donde se detectaron una serie de inconsistencias respecto de los recursos destinados para los Ejercicios Fiscales correspondientes a los años 2008 y 2009, ya que se registraron gastos millonarios por concepto de honorarios en materia de asesoría a favor de una empresa.
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El ciudadano realizó una minuciosa investigación, logrando confirmar que, a quienes depositaron las grandes cantidades monetarias, nunca prestaron servicio alguno a las instituciones antes mencionadas.
Asimismo, las contrataciones contravinieron a lo tipificado por la normativa aplicable para dichos procedimientos, además que el servicio supuestamente contratado, se realizó con los recursos humanos con los que se contaban en la institución, cuyo titular era precisamente Raúl Cuadra.
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El 10 de marzo de 2014 se obtuvo una orden de aprehensión en contra del exfuncionario, sin embargo, el cuatro de julio de 2018 dicho mandamiento se pausó porque fue expuesto un juicio de amparo.
Tiempo después lograron su arresto, por lo que en el mes de julio de 2019 un juez le dictó el auto de vinculación a proceso, pero un mes después la defensa del inculpado realizó la solicitud de procedimiento abreviado.
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Es importante mencionar que, durante abril de 2020, se solicitó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva, por la medida de resguardo domiciliario, alegando que esta petición la realizaba en atención a su edad y estado de salud, convirtiéndolo en un integrante de la población de riesgo por la pandemia de Covid-19, pero luego de más de un año, el togado le otorgó sentencia condenatoria.
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