Hace varias semanas se publicó el informe llamado “Hasta Perder el Sentido” por parte de la ONU-DH donde pone en manifiesto los casos de tortura que ocurrieron en Aguascalientes entre 2010 y 2014, cuando Felipe de Jesús Muñoz Vázquez estaba al frente de la entonces Procuraduría de Justicia de Aguascalientes, por lo que las víctimas aseguran que no hay algún avance benéfico para ellos y confirman que existe impunidad.
De acuerdo con Felipe Hinojo Alonso, defensor de los Derechos Humanos por ONU-DH, en la Fiscalía General del estado de Aguascalientes (FGEA) no existe avance alguno con respecto a “las investigaciones y solución para acceder a la justicia, está dejando fuera toda investigación a autoridades responsables que ostentan cargos en dicha fiscalía o en la administración estatal”, se lee en el escrito dirigido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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En dicho conducto también refiere que, al ex procurador de Justicia del estado de Aguascalientes, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, ni siquiera lo toman en cuenta en las investigaciones de la FGEA, a pesar de ser el presunto autor del delito de tortura, así como varias personas que tienen cargo como servidores públicos y, por ende, siguen en activo.
En cuanto a esto último, se teme que dichos sujetos puedan tomar un cargo en cualquier dependencia, por lo que Hinojo Alonso opina que “sería ilógico que pusieran a un torturador nuevamente en un cargo público. Segundo, sería un ‘suicidio’ político para cualquier administración, el hecho de que alguien tan nefasto llegase a un cargo así. Hay mucha gente muy capaz que pueda ostentar un cargo…”
Revictimización
Los afectados por tortura han denunciado ante las autoridades que han sido revictimizados, ya que reciben llamadas donde les leen la declaración “de todo lo que sufrieron y todo lo que les hicieron en la anterior Procuraduría” e incluso aseguran que agentes ministeriales realizan “rondines” muy cerca de sus domicilios, menciona el defensor de Derechos Humanos. Asimismo, hasta antes de la publicación del informe, los afectados se daban cuenta de la presencia de los agentes durante dos o tres veces a la semana.
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Además, al momento en que Marisela Sánchez Muñoz, también defensora de los Derechos Humanos y víctima de tortura solicitó su expediente ante la FGEA, recibió el de todas los afectados por dicha falta, lo cual es un delito.
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