Luego de las estafas que en los últimos meses ha sufrido la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) siguen suspendidas las inversiones, “la instrucción es revisar todos los procedimientos para que en un futuro si se quiere tomar una decisión en relación con este tema se pueda tener un mayor control, de entrada, se tiene que blindar todo lo que sucede en torno a una inversión”, señaló José Manuel López Libreros, secretario general de la UAA.
En ese sentido, destacó que continúan las investigaciones, sobre el primer caso relacionado con la estafa Ponzi en donde la afectación fue de 200 millones de pesos y posteriormente con el fraude de 130 millones que se invirtieron en empresas que se declararon en quiebra, por tanto, en el primero, se hicieron dos denuncias, una a nivel federal y una a nivel local contra quienes resulten responsables y respecto al segundo, se realizó una denuncia en la fiscalía local y se está analizando a que se haga otro tipo de denuncias a nivel federal, explicó.
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Asimismo, señaló que se están tomando distintas acciones, algunas de carácter interno administrativo que es donde se ha ido modificando el tema de personal que toma decisiones en torno a este tipo de competencias. Además, la contraloría universitaria está haciendo las investigaciones necesarias, “en ambos casos se está cooperando con la fiscalía para que se puedan hacer las investigaciones necesarias y estamos sujetos a otro tipo de auditorías por parte del órgano superior de fiscalización, son procesos de información y transparencia”.
López Libreros reconoció que son procesos lentos, por lo que la Universidad se blindó contra nuevas inversiones, “la indicación por parte de la rectoría es que no se hará un nuevo procedimiento que implique un riesgo, eso es lo primero, no más inversiones hasta en tanto no se tenga una mayor claridad sobre los procedimientos internos y tener la certeza de que se hayan revisado todos los filtros se estarán autorizando”.
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Asimismo, comentó que se está trabajando de la mano del consejo universitario y la comisión permanente de legislación para hacer una revisión interna de estos procedimientos y poner los candados y filtros necesarios para la toma de este tipo de decisiones.
Finalmente, el secretario reiteró que la operatividad de la Universidad no se ve afectada en ningún ámbito por tratarse de recursos propios, “tengan la seguridad de que se están realizando los trámites legales de manera asertiva en colaboración con las autoridades, pero estamos sujetos a procesos de investigación y respetando las garantías de todas las personas, la certeza es que se llegará hasta las últimas consecuencias”.
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