¿En el último año robaron su casa o comercio?, ¿sufrió algún tipo de extorsión?, ¿usted o algún familiar fue atropellado por un “auto fantasma”?; si fue así, es probable que sea uno de los cientos de aguascalentenses a quienes no se les hizo justicia.
En Aguascalientes durante 2020 el 98.9% de los delitos quedaron impunes, según el estudio “Hallazgos 2020. Evaluación del Sistema de Justicia Penal” elaborada por la agrupación México Evalúa; este índice se encuentra por encima del promedio nacional de 94.8% en el índice de impunidad.
La entidad incluso registra un retroceso en comparación con el índice de impunidad 2019, cuando fue del 96%; el año pasado solamente los estados de Chihuahua y Guerrero registraron un mayor índice de impunidad que Aguascalientes.
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Entre los factores que han contribuido a la alta impunidad, el estudio destaca la disminución en el número de agencias del ministerio público, “que presentaba durante 2019 un promedio de 10.32 y durante 2020 se redujo a 5.7”; asimismo, Aguascalientes es la entidad con un menor número de jueces por cada 100 mil habitantes, con solamente dos.
El estado también se encuentra en los últimos lugares a nivel nacional en cuanto al número de asesores jurídicos, defensores de oficio, peritos y policías ministeriales; en todos estos rubros, se encuentra por debajo de la media nacional en lo referente a la media por cada 100 mil habitantes.
Aguascalientes también fue mal calificado en relación a la implementación del servicio profesional de carrera, particularmente en la asesoría de víctimas, la defensoría pública y el Poder Judicial.
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Asimismo, el estudio revela que el año pasado hubo una caída presupuestal en diversas dependencias relacionadas con el sistema de justicia, pues la Fiscalía General del Estado (FGEA), el Instituto de Asesoría y Defensoría Pública, y la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) registraron una caída en sus recursos.
Finalmente, México Evalúa reportó que Aguascalientes presenta esta proporción de 30.5% de casos remitidos a medios alternativos de solución a conflictos en sede judicial, y apenas el 2.5% en sede ministerial; “estas cifras son reveladoras respecto del uso poco proactivo de las soluciones alternativas a las controversias”.
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