Hace unos meses se aprobó en el Cabildo de Aguascalientes una ley para salvaguardar la integridad de los niños y niñas, quienes son obligados a trabajar en los cruceros y a solicitar una moneda; desde el pasado 13 de septiembre entró en vigor dicho decreto, el cual considera como sanción el arresto de 36 horas a adultos quienes obliguen a los menores a realizar estas actividades y en caso de ser reincidentes, se solicitará la intervención de otras instancias gubernamentales.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, señaló que comenzó a integrar un grupo interdisciplinario al ser facultado para intervenir y canalizar a los menores de edad en condiciones de riesgo en la vía pública, con el objetivo de actuar contra la mendicidad infantil.

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Asimismo, dio a conocer que ya se tienen ubicados los lugares en los que con frecuencia acuden los menores a trabajar, no obstante, refirió que:

Se deberá tener mucho cuidado en la aplicación del protocolo y las leyes, porque los menores pueden incurrir en faltas administrativas

...en inseguridad pública o en la corrupción de menores que es un asunto penal”.

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Por lo anterior, externó que en los rondines que se efectúen con el objetivo de detectar esta situación, se solicitará la asistencia de personal de Derechos Humanos para que de manera adecuada se haga la intervención y se canalice la situación con la instancia pertinente.

Asimismo, el funcionario resaltó que son los cruceros de tercer anillo y Gerónimo de la Cueva, avenida Juan Pablo II y salida a Calvillo, avenida Tecnológico y López Mateos, Alameda y avenida Tecnológico, y avenida Universidad y Convención, donde con frecuencia se detecta la presencia de menores en estas condiciones.

Finalmente, el secretario enfatizó en que se estima que sea durante la próxima semana en la que se tengan ya resultados por el seguimiento de este protocolo; dijo asimismo que en el caso de que los menores sean utilizados por los adultos para obtener remuneraciones económicas, se contará con la intervención del área de trabajo social para que no considere como un acto de uso de la fuerza pública, aunque los oficiales estén presentes en el llamado.

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