El embarazo adolescente en Aguascalientes es realmente un problema, toda vez que de acuerdo a las estadísticas del 2017 el 17.1% de las mujeres que dieron a luz pertenecen a ese rango, por encima del promedio nacional que se estima en 16.1%.

Así lo revela el más reciente estudio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire).

En México, el INEGI registró en 2017 que un total de 390 mil 89 mujeres menores de 20 años fueron madres; de ellas, 9 mil 748 eran niñas menores a 15 años y 380 mil 341, adolescentes entre 15 y 19 años.

El embarazo adolescente es un fenómeno multifactorial que requiere políticas públicas efectivas e integrales dirigidas a promover y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos amigables y sin discriminación, a prevenir y atender la violencia sexual, a impartir educación sexual integral, garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo y a una atención médica especializada, entre otros.

La adolescencia, por definición, es el periodo de desarrollo entre los 10 y los 19 años y se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. El embarazo durante esta etapa constituye una cuestión de salud pública y derechos humanos que se asocia con riesgos en materia de salud tanto para las adolescentes como para sus hijas e hijos, puede obstaculizar su desarrollo psicosocial, repercutir negativamente en sus oportunidades educativas y laborales, así como contribuir a perpetuar ciclos intergeneracionales de pobreza y mala salud

El 23 de enero de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el lanzamiento de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) que plantea como objetivos principales disminuir los embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años de edad en 50% y erradicar los embarazos en niñas menores de 15 años para 2030. Para ello, la Estrategia propone cinco objetivos específicos, 19 líneas de acción y 91 actividades, cuya implementación está a cargo de un Grupo Institucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Uno de los aspectos más importantes de la Estrategia es que el Estado reconoce que el fenómeno amplía las brechas sociales y de género; se trata de un tema de proyecto de vida, de educación, de salud, pero sobre todo de respeto a sus derechos humanos, a su libertad y su desarrollo como personas.

Por otra parte, aunque la Estrategia reconoce la violencia sexual como una causa de embarazos tempranos, no contempla como acción prioritaria garantizar el acceso a la anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo por violación, de acuerdo a lo previsto tanto en la NOM 046 como en la LGV. Como ya se dijo, es fundamental que el Estado reconozca que los embarazos a temprana edad no siempre son resultado de decisiones deliberadas o de falta de información sobre métodos anticonceptivos.

Asimismo, organizaciones de la sociedad civil han advertido algunas deficiencias para la implementación de las acciones previstas por la ENAPEA; en específico, las relativas a falta de presupuesto y ausencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

EL DATO: Las entidades que reportan el porcentaje más elevado de embarazos en adolescentes son: Coahuila (20.6%), Tlaxcala (20%), Guerrero /18.9%, Chihuahua (18.9%)