Prevén oleada de amparos y de clausuras de gasolineras antes de que finalice el año, esto, ante la imposibilidad de los empresarios del sector para cumplir con las nuevas normas para los dispensadores de combustible que entrarán en vigor en noviembre, pues solo 10% de las estaciones locales han cumplido con esta disposición.
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Omar Abarca Torres, presidente de Hidroamegas, indicó que la nueva normativa obliga a las gasolineras a que sus despachadoras marquen siete dígitos en el display, esto, para cobrar cantidades de 10 mil pesos o superiores; lo anterior también conlleva el cambio de tarjetas electrónicas de los dispensarios.
Sin embargo, los proveedores de estos equipos –casi en su totalidad empresas de Estados Unidos–, no tienen en la actualidad suficientes equipos, pues a causa de la pandemia disminuyeron su producción e hicieron recortes de personal, en particular técnicos, que son quienes deben realizar la instalación.
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Omar Abarca comentó que los cambios implican un costo aproximado de 2,900 dólares más impuestos por dispensario; tomando en consideración que hay un promedio de cinco despachadoras por estación de combustible, implicaría una inversión superior a los 350 mil pesos, un desembolso que no es menor, cuando los ingresos de las empresas del sector han caído a consecuencia de la pandemia.
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