Emilio Lozoya Austin, director de Pemex, libró la acusación en su contra por el caso Agronitrogenados sin pagar un peso debido a que el juez determinó que la reparación acordada en 2021 por el empresario Alonso Ancira Elizondo también lo beneficia.
Esto no implica que el exfuncionario federal abandone la cárcel, pues aún tiene el proceso abierto por el caso Odebrecht, en el cual se encuentra en prisión preventiva justificada.
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Asimismo, se atiene a que Ancira Elizondo continúe pagando el acuerdo firmado con Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fijado en 216 millones de dólares a pagar en un plazo de tres años a partir de abril de 2021.
En audiencia celebrada este jueves, el juez de control Gerardo Genaro Alarcón López llegó esta conclusión luego de que la defensa presentara como argumento un criterio publicado apenas la semana pasada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en Querétaro, en el que se establece que los acuerdos reparatorios benefician a todos los implicados de una misma causa penal y no sólo a la persona que los firmó.
"Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en los acuerdos reparatorios como una salida alterna al juicio penal, cuando existe pluralidad de imputados sobre un mismo hecho delictivo, su celebración y cumplimiento por alguno de ellos beneficia a quienes no los acordaron, pues la extinción de la acción penal favorece a todos, al haberse satisfecho el interés particular de la víctima u ofendido en la vía penal”, leyó el juez.
En términos simples, ahondó Alarcón López, esto es que no se puede solicitar más de una reparación del daño por un mismo hecho delictivo, sino sólo una, a la cual además se deben incluir a todas las partes involucradas, lo cual además tiene sustento con el código civil.
Con esto Lozoya Austin no sólo libra la reparación del daño fijada en 3.4 millones de dólares para esta causa penal, sino también una multa de cinco mil días y la prisión de 15 años solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Aunque esto no quiere decir que salga de prisión, pues aún tiene pendiente la acusación por el caso Odebrecht, en el que se encuentra en prisión preventiva justificada.
La celebración de esta audiencia se llevó a cabo luego de que el 18 de julio pasado fuera aplazada por el juez, pues en ella se le informó que las pretensiones económicas de Pemex y la UIF pasaron de 10.7 a 30 millones de dólares como medida de reparación del daño por Agronitrogenados y Odebrecht.
Por su injustificación aparente, Alarcón López suspendió la sesión y la reprogramó para hoy, en la que ambas dependencias y la FGR deberían argumentar la petición, no obstante, pasado el plazo éstas no lo hicieron, pero ofrecieron rebajar el monto a 20 millones de dólares.
La cifra fue dada a conocer a inicio de semana a la defensa, la cual pidió tiempo para consultarlo y dar una respuesta antes o durante la audiencia de hoy. Y así fue. Cuestionados por el juez, al inicio la defensa de Lozoya aseguró que existía la voluntad de firmar un acuerdo reparatorio, pero por la alta cifra requerida no lo podían aceptar.
Incluso, desesperado por la situación, el exfuncionario pidió el uso de la voz y acusó de nueva cuenta a Pemex, UIF y FGR de intentar extorsionarlo a pesar de su disposición a subsanar los 10.7 millones de dólares tasados originalmente.
“Como dice mi abogado ha habido conversaciones, que yo le llamo extorsiones. Primero piden 10.7 millones, después lo suben 200 por ciento a 30 millones y después lo bajan (a 20) como si fuera mercado tropical.
“Hay un acuerdo cuando hay voluntades, respecto de peritajes y cifras, pero como no las hay no hay acuerdo. Quieren utilizar el aparato de justicia para atropellar mis derechos”, acusó.
Dicho eso, y sin un acuerdo firme, fue que Lozoya pidió al juez dar continuidad a la audiencia intermedia, dando paso al nuevo argumento ofrecido por la defensa encabezada por Alejandro Pruneda y Miguel Ontiveros, que finalmente lo libró de la acusación.
Inconformes con lo resuelto por Alarcón López, los fiscales le exigieron al juez garantizar la reparación del daño de la presunta compra a sobreprecio de Agronitrogenados, pues recordaron que el acuerdo firmado por Ancira aún no está subsanado en su totalidad.
Esto, porque ambas partes acordaron que el empresario podía subsanar el pago durante un plazo de tres años, siendo que hasta la fecha ha depositado poco más de 100 millones de pesos.
La representación de Pemex también se mostró inconforme, pues consideró que se le deja en un estado de indefensión a la paraestatal mexicana ante la posibilidad de que no se pague el adeudo restante.
“No nos quedamos satisfechos con esta reparación del daño. Nos genera una gran afectación, nos deja en el limbo esta reparación del daño, pues es una reparación parcial, no es una reparación integral”, agregaron los representantes de la UIF.
La acusación en contra de Emilio Lozoya por Agronitrogenados se sustentaba en presuntas transferencias hechas por Alonso Ancira a la empresa Tochos Holding, de la cual Gilda Susana Austin, hermana del exfuncionario, era accionista mayoritaria.
Con las transferencias, que sumaron 3.4 millones de dólares, Gilda habría comprado un predio en la colonia Lomas de Bezares, de la alcaldía Miguel Hidalgo, a nombre de su hermano, quien meses después, ya como funcionario federal, supuestamente regresó el “favor” favoreciendo a Altos Hornos de México para que Pemex adquiriera Agronitrogenados.
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Sin embargo, esto ya no fue analizado por el juez, pues antes de entrar al estudio del fondo y analizar las pruebas, la defensa presentó su argumento para suspender el proceso, el cual fue aceptado y resuelto a favor por el juzgador.
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