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El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la cual plantea crear un Sistema Nacional de Centros Públicos en México que articule las actuales instituciones científicas del país el cual operará con asambleas como medio de participación y consulta, además de fomentar la “planeación democrática”.
Al interior de las instituciones, tendrán el mismo peso la voz de los científicos, que el personal administrativo y los comités externos de evaluación.
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Esta iniciativa retira el voto a los científicos y a las agrupaciones de universidades tales como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en la definición de la política pública nacional.
La iniciativa enviada a la Cámara de Diputados para reformar al Conacyt y crear el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, establece también que se contará con un Sistema Nacional de Planeación Democrática en la que participarán los sectores público, social y privado.
Esto significa que las bases en materia científica y humanística en el país arrancará con la “definición democrática de la Agenda Nacional, para atender y afrontar las necesidades, problemáticas y retos contemporáneos de la sociedad mexicana, mediante la partición de la comunidad a nivel local, regional y nacional, así como al interior de las universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación”.
La primera reacción entre la comunidad científica del país es de “rechazo” a la propuesta y a través de las asociaciones y redes de investigadores convocaron a analizar el documento presentado la noche del martes ante la Cámara de Diputados para hacer pronunciamientos públicos antes de su aprobación.
Antonio Lazcano, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que la comunidad científica enfrenta en carne propia “un madruguete” con esta iniciativa que “está llena de falsedades como el que se afirme que en administraciones pasadas se entregaba dinero en grandes cantidades a la iniciativa privada”.
Refirió que el gran daño lo ha ocasionado la titular de Conacyt al suprimir los fideicomisos dedicados a la ciencia y “usar esos recursos como caja chica para enviar esos recursos a los proyectos prioritarios del Presidente”.
Indicó que tanto la democracia como las asambleas son parte de la consulta en las plazas públicas y a las que el Presidente ha recurrido para aprobar sus proyectos de obras, “pero la ciencia no es democrática, es participativa. No podemos estar votando si aprobamos una vacuna y otra, o bien definir en una asamblea cuáles son las partículas elementales que vamos a usar. Eso está fuera de la ciencia”.
Lazcano enfatizó que la participación en la ciencia tiene como base el juicio crítico y el análisis cuidadoso entre pares que tanto ha destruido la directora.
El científico galardonado con diferentes reconocimientos y quien recientemente ganó un juicio en contra de Conacyt afirmó que la propuesta de la directora María Elena Álvarez-Buylla afectará el desarrollo del país en los próximos años.
Aseguró que la funcionaria “no escucha a la comunidad porque está en un autismo político” y lo único que pretende, “lo cual es preocupante, es concentrar el poder. Que todas las decisiones queden en manos se los secretarios de Estado”.
Ello debido a que al dejar fuera a la asociación que agrupa a las universidades, institutos y centros de investigación da prioridad a que sean los titulares de las secretarías de Estado.
La reforma al Conacyt está pendiente desde mayo de 2019 con la modificación al Artículo tercero de la Constitución. Desde entonces a la fecha el Consejo dijo que construiría la propuesta en consultas a la comunidad.
En marzo pasado en la plataforma de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, el Conacyt sometió a consulta el documento final para el cual ha recibido, al menos, una veintena de observaciones particulares a favor y en contra por parte de la sociedad científica, académicos y diversas agrupaciones.
El consejo dio a conocer que para crear la iniciativa que envió al Legislativo a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia se analizaron en total 47 iniciativas de ley, entre ellas, las aprobadas por la Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia, legisladores con el apoyo de científicos y de partidos políticos.
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