En caso de que se pretenda modificar la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional para que forme parte de las fuerzas castrenses, sin duda se requeriría de una reforma a la Carta Magna, pues en la jerarquía de leyes prevalece ésta por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico ordinario o reglamentario, recordó el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila.
Ante los hechos de violencia registrados en el país y en especial en los últimos días en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California son muestra de la necesidad de fortalecer a la Guardia Nacional, una institución capaz de hacer frente a las prácticas cada vez más radicales de los grupos del crimen organizado
Monreal Ávila afirmó que la pacificación es un tema pendiente, que necesita de una solución de largo plazo y que ha puesto en el centro del debate cuál deberá ser el futuro de la Guardia Nacional.
Ante el anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de que se presentará una iniciativa para reformar la Constitución en esta materia, Ricardo Monreal señaló que “estaremos pendientes de su presentación en alguna de las dos cámaras legislativas del Congreso de la Unión, para ofrecer un debate amplio, reflexivo y respetuoso, a fin de lograr lo mejor para nuestra nación”.
Ricardo Monreal explicó que se ha planteado que el Ejecutivo federal pudiera acudir a ejercer facultades exclusivas de expedición de decretos, para reasignar atribuciones y adscripción a la Guardia Nacional.
Ello, consideró, generaría reacciones e inconformidades ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por parte de grupos políticos y sociales; sin embargo, el tiempo que tardaría el procesamiento de los recursos interpuestos agudizaría los desacuerdos, pues la demora profundiza las diferencias.
Refirió que la Guardia Nacional nace de la concepción de conjuntar el mando civil con la disciplina y la efectividad castrenses, como una vía para contar con una corporación capaz de hacer frente al crimen organizado.
Para asegurar su carácter civil, sugirió el legislador, en su diseño se estableció su adscripción orgánica y funcional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y no a alguna otra autoridad federal vinculada a las materias de seguridad nacional o de seguridad interior.
Además, se estableció que sería una institución de seguridad pública de carácter civil, y se estipuló una temporalidad de cinco años para que las Fuerzas Armadas se retirasen gradualmente de las tareas de seguridad pública. Esta disposición se incorporó en el artículo quinto transitorio, que a la letra señala:
"Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Ricardo Monreal recordó que en el último informe anual que el Ejecutivo federal presentó destaca que la corporación cuenta ya con 113 mil 833 efectivos desplegados, de los cuales 73 mil 805, 65 por ciento, es personal asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Además, 16 mil 792, el 15 por ciento, a Secretaría de Marina; y 23 mil 236, el 20 por ciento, a la extinta Policía Federal.
Se espera que para 2024 cuente con 144 mil miembros desplegados en las 266 coordinaciones regionales, lo que implica que en los próximos dos años se deberá reclutar a poco más de 30 mil nuevos elementos.
Señaló que a 19 meses de que se cumpla el plazo que constitucionalmente se estableció para que las Fuerzas Armadas dejaran de realizar tareas de seguridad pública, la Guardia Nacional depende, en gran medida, de elementos adscritos a fuerzas castrenses, lo cual abre de nueva cuenta un debate sobre el futuro de esta corporación y, con ello, el proceso de pacificación en el país.
Además, recordó que desde 2006, las Fuerzas Armadas han desempeñado un papel fundamental en tareas de seguridad pública, porque su formación y su capacidad operativa subsanaron las limitaciones que tenían las policías locales, pero también las federales, para hacer frente a la fallida estrategia de seguridad que se inició y continuó en aquellos sexenios.
Monreal Ávila advirtió que los hechos sucedidos esta semana en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California no pueden entenderse como aislados, sino como estratégicos, reactivos y sincronizados.
Y que “este fenómeno de la inseguridad es producto de años de complicidad y deterioro de un proceso en el que las bandas criminales se multiplicaron, fortalecieron y radicalizaron, mientras que las autoridades pasivas y omisas se coludieron y permitieron el avance delincuencial”.
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